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viernes | 19 abril | 2024
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, abogó ayer por recuperar la política útil, la estabilidad y la centralidad. “No puede haber política de futuro sin estabilidad ni centralidad”, aseveró. Considera que “la centralidad y la estabilidad” conforman las “claves” para retomar la “España del sí” que existía con los gobiernos del PP, en oposición al “contundente y continuo no” que han mostrado el PSOE y Ciudadanos durante los pasados cuatro años.
Feijóo dejó ayer clara su apuesta para las próximas elecciones generales, en declaraciones a los medios de comunicación, a la salida del I Foro La Toja-Vínculo Atlántico.
Así, Feijóo definió a Ciudadanos y al PSOE como “la España del no” y los acusa de haber mantenido su negativa “contundente” a la hora de establecer acuerdos con otros partidos en los comicios de 2015 y 2016.
Además, opinó que ambas fuerzas políticas “han sido los protagonistas” de esa reiterada negativa durante los pasados cuatro años y también “a lo largo de su biografía”. No obstante, si Ciudadanos y PSOE estuviesen dispuestos a cambiar y trasladarse a la “España del sí”, serían “bienvenidos”, aseguró.
Dentro de esa España que describe Feijóo, estaría el Partido Popular, que está dispuesto y “legitimado” para gobernar desde “la centralidad y la estabilidad”.
Respecto al foro, que se clausuró ayer, el presidente de la Xunta dijo que con este evento Galicia ha transmitido un mensaje “de esperanza”, y que se ha contribuido a recuperar la “política útil”, un elemento determinante para “la España del futuro”.
Además, precisó que “la política consiste en entenderse, no puede ser un problema para un país, sino que tiene que ser parte de la solución”.
En esta línea, volvió a reiterar la “estabilidad y la centralidad” como los “principios básicos” de la “política del futuro”, y que son “claves” para que el Estado siga en la “economía digital y en la revolución tecnológica” en la que está inmerso el mundo.
Agradecimiento
Feijóo tuvo palabras de agradecimiento para todos los ponentes que visitaron la Illa da Toxa como el rey Felipe VI; los expresidentes Felipe González y Mariano Rajoy; el presidente de Inditex, Pablo Isla; y el de Abanca, Juan Carlos Escotet, entre otros.
Por otro lado, el presidente de la Xunta exhortó al jefe del Ejecutivo central en funciones, Pedro Sánchez, a sacar del debate político las entregas a cuenta a las comunidades y a pagar la deuda pendiente.
Feijóo y Sánchez tuvieron ayer oportunidad de mantener una breve conversación en el foro, en la que, según comentó posteriormente el presidente gallego a los periodistas, le hizo esa petición.
Especificó que como representante ordinario del Estado en Galicia y no como presidente de la comunidad, le recordó que es un deber del Gobierno central pagar a las comunidades.
Además, le aconsejó no tensionar la política autonómica y no “caer en la tentación” de pagar solo una parte de lo que se debe a las comunidades.
Lamentó que durante meses, el Gobierno central haya negado la existencia de una deuda, y después afirmase que no se podía pagar, y ahora que se pretenda abonar solo una parte.
Por eso, expresó su confianza en que el decreto ley que pretende aprobar el Gobierno central para el pago incluya todas las partidas adeudadas.
No hay impedimentos jurídicos para dar a las autonomías los 4.500 millones correspondientes a entregas a cuenta, aseguró el catedrático en Derecho Constitucional por la UNED Carlos Vidal Prado, que subrayó que un Ejecutivo en funciones puede seguir realizando “despachos ordinarios de asuntos públicos”, tal como contempla el articulo 21 de la ley del Gobierno, y repartir las cantidades presupuestadas.
El argumento de este constitucionalista es compartido por los economistas Ángel de la Fuente, Guillem López Casasnovas y Santiago Lago, que formaron parte del grupo de expertos que en 2017 recibió del Gobierno el encargo de revisar el modelo de financiación, y que hoy no ven razonable que la Abogacía del Estado haya estado bloqueando un reparto que ahora está más cerca de ejecutarse tras el anuncio de Pedro Sánchez.
Vidal Prado, a quien le gustaría ver el informe de la Abogacía del Estado para conocer los argumentos que maneja, explicó que lo que no puede hacer un Gobierno es tomar decisiones políticas que condicionen al siguiente Ejecutivo, pero en este caso “no es una decisión política nueva, es ejecución presupuestaria, hacer lo que se hace todos los años, es decir, repartir lo que se ingresa siguiendo los criterios de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (Lofca)”.
Para este constitucionalista, “no hay diferencia con la situación actual a la de hace un mes”, por lo que considera que este asunto se ha utilizado como “arma política de presión para forzar el apoyo a la formación de un nuevo Gobierno”.
El economista y director de Fedea, Ángel de la Fuente, valora que se haya podido resolver el problema, y precisó que la posición de la Abogacía del Estado “no era muy razonable, porque en este tema hay muy poca discrecionalidad y se trataba en lo posible de que las comunidades recibieran sin retrasos los recursos que les corresponden por ley”.
De la Fuente subrayó que este asunto “entra perfectamente en el despacho ordinario de asuntos públicos” y, de no ser así, encajaría “en las excepciones que incluye la ley del Gobierno por razones de urgencia o interés general. No tiene sentido que traslademos a otras administraciones los problemas que resultan de la interinidad del Gobierno central”.
Campaña
Por su parte, el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona Guillem López Casasnovas da por buena la “rectificación” de Sánchez, pero cree que “hacerlo en campaña, le pone en evidencia” y, en definitiva, “hace fácil que se le ponga la etiqueta de que es cosa electoral”. Recordó que la Lofca da a las comunidades el derecho a participar de estos ingresos, “por lo que un Gobierno no puede ir en contra de una previsión de ley orgánica”.
Por su parte, el catedrático de Economía en la Universidad de Vigo Santiago Lago también cree que el Gobierno de Sánchez “tuvo tiempo para hacerlo y no lo desbloqueó”, pero reconoce que es “mejor ahora que en diciembre”, porque las comunidades necesitan al máximo reducir su incertidumbre presupuestaria.
Subrayó que lo ocurrido evidencia que “hay que proporcionar mayor automatismo a las entregas a cuenta para evitar que los problemas de gobernabilidad a escala central se trasladen al resto de niveles de gobierno”. l
