sábado 24/10/20
TARJETAS OPACAS

Varios usuarios de las tarjetas opacas piden el archivo del caso porque ha prescrito

Varios exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid que usaron las tarjetas opacas de la entidad ya se han opuesto a su imputación, aunque algunos han ido más allá al pedir al juez Fernando Andreu que archive el caso por considerar que los hechos de los que se les acusa han prescrito.

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa (i), a su salida de la Audiencia Nacional. EFE/Archivo
El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa (i), a su salida de la Audiencia Nacional. EFE/Archivo

Varios exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid que usaron las tarjetas opacas de la entidad ya se han opuesto a su imputación, aunque algunos han ido más allá al pedir al juez Fernando Andreu que archive el caso por considerar que los hechos de los que se les acusa han prescrito.

Éste ha sido el caso de la exdirectiva Elena Gil García, que gastó con su visa 72.500 euros, principalmente en joyas (unos 15.900 euros en total), artículos en tiendas de lujo como Chanel o Armani o viajes, y a la que el magistrado imputó junto con el resto de beneficiarios de estas tarjetas el pasado 28 de enero.

La defensa de Gil García, que dimitió dos semanas después de que estallara el escándalo el pasado octubre de su puesto de consejera independiente de Jazztel, ha presentado un escrito al magistrado, al que ha tenido acceso Efe, en el que le emplaza a revocar su decisión de imputarle un delito de apropiación indebida y archivar las actuaciones respecto a ella.

Según explica, en la línea de lo que ya han alegado otros imputados, los altos responsables de la caja le entregaron una tarjeta "no corporativa" en su condición de alta directiva.

Pero aclara que ella fue cesada de su puesto -por el que recibió un salario bruto de 143.041 euros más un complemento de 61.303 y otros seis pagos mensuales de 6.130, según el contrato de cese que aporta- el 1 de julio de 2004.

Además, el último movimiento que figura en su visa es del 26 de agosto de ese año, con lo que se ha sobrepasado los 10 años de plazo de prescripción previsto por la ley.

Es más, los hechos ya estaban prescritos, en concreto por un mes, cuando la Fiscalía Anticorrupción denunció los hechos el 25 de septiembre del pasado año.

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