11º-14º
jueves | 25 abril | 2024
La juez que investiga la muerte del empresario Juan Andrés Benítez, que falleció tras ser reducido por la fuerza por los Mossos d'Esquadra, ha citado hoy a declarar como imputados a los ocho agentes que participaron en la detención.
Será la primera ocasión en que los agentes, entre los que se encuentran dos sargentos, podrán explicar su actuación, captada por varios vecinos con sus teléfonos móviles, en la que se aprecia cómo le reducen propinándole patadas y, al menos, cinco puñetazos.
El empresario se desvaneció tras la actuación policial y murió pocas horas después en el hospital.
Los agentes también tendrán que explicar ante la titular del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona si es cierto que visitaron a algunos vecinos para instarles a borrar las imágenes que habían captado, como ha declarado algún testigo, y si también vertieron agua para hacer desaparecer la mancha de sangre que el detenido dejó en el lugar del arresto.
Los ocho mossos d'esquadra, a los que el Departamento de Interior ha apartado de sus funciones, cuentan con el respaldo jurídico de la consellería, aunque al menos cuatro de ellos han rechazado esa opción y se han buscado un letrado particular.
Según fuentes judiciales, pese a estar suspendidos de empleo -aunque cobrando los aproximadamente 700 euros de su sueldo base-, el Departamento de Interior sigue facilitando asesoría jurídica a los agentes imputados, un derecho que no siempre se ha mantenido a los policías encausados por delitos relacionados con el ejercicio de su profesión.
Los agentes imputados, cuya declaración hoy ha despertado una gran expectación mediática, tienen la opción de pagar de su bolsillo un abogado particular o acudir a los servicios jurídicos de los sindicatos de Mossos d'Esquadra, en caso de estar afiliado a alguno de ellos.
De hecho, al menos cuatro de los agentes, entre los que no se encuentran los sargentos imputados, han designado a un abogado particular para que los represente en vez de aceptar los servicios jurídicos de Interior.
El Sindicato de Policía de Cataluña (SPC) ha puesto a disposición de sus afiliados los servicios de un abogado particular, que están incluidos en la cuota sindical.
La juez del caso imputó a los ocho agentes al entender que se extralimitaron en las maniobras para reducirle, ya que supuestamente le dieron golpes, puñetazos y patadas y luego intentaron destruir pruebas.
La titular del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona imputa a los agentes los delitos contra la integridad moral, contra la vida, por obstrucción a la justicia y por coacciones.
Probablemente, los agentes también podrán visionar hoy en sede judicial las numerosas imágenes filmadas con teléfonos móviles por los vecinos, sobre las cuales podrán explicar sus acciones a la juez, en presencia del fiscal y de los abogados de las acusaciones.
