El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha acordado conceder el tercer grado penitenciario, es decir, el régimen de semilibertad, al líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, quien tiene una oferta para trabajar en un medio de comunicación.
El juez José Luis Castro, de acuerdo con el criterio del fiscal, estima el recurso de Correa contra la decisión inicial de Instituciones Penitenciarias, que rechazó su progresión al tercer grado por no apreciar una evolución "suficientemente favorable", entre otras razones.
Correa, de 67 años y que debe cumplir una pena máxima de 18 años de prisión, ya ha completado más de la mitad de la condena tras pasar 10 años en la cárcel.
El informe del juez subraya la evolución positiva del comportamiento del interno, que hace más de dos años plasmó su arrepentimiento por escrito, que solo fue sancionado una vez por tener un teléfono móvil y que ha tenido "un perfil bajo" en el módulo de respeto de la cárcel de Valdemoro (Madrid) en el que ha dedicado la mayor parte del tiempo a preparar su defensa en las numerosas causas en las que se encuentra inmerso.
De hecho, el educador social de la prisión deja constancia en su informe que, desde octubre de 2020, Correa se ha hecho cargo de la Comisión de Ayuda Legal, que sirve para ayudar al resto de compañeros a hacer recursos pertinentes en sus causas y a comprender su situación legal.
Y, coincidiendo con esa responsabilidad, "se han producido una serie de cambios en su actitud y conducta personal, como es el reconocimiento de errores cometidos a lo largo de su trayectoria personal y profesional".
Correa, añade el escrito, "ha colaborado con la justicia poniendo su patrimonio a disposición de las autoridades para hacer frente a la responsabilidad civil impuesta sobre él; ha mostrado colaboración con la fiscalía y tribunales en los últimos juicios" y "ha solicitado participar en un Programa de Intervención de Delitos Económicos".
"Se aprecia un importante sentido de la responsabilidad en el penado, que ha hecho coincidir días de disfrute con salidas en autogobierno para acudir a las sesiones del juicio oral en la Audiencia Nacional", añade la resolución.
También deja constancia de la decisión de Correa de permitir el desbloqueo de sus cuentas en Suiza para repatriar 20,7 millones de euros que han sido destinados a reparar el daño causado y su responsabilidad civil.
Y de su colaboración con la Fiscalía en otras piezas juzgadas en la Audiencia Nacional, como la que se está dilucidando ahora sobre la trama valenciana con el expresidente de esa comunidad Francisco Camps sentado en el banquillo de los acusados.
La Junta de Tratamiento de la prisión se opuso a la progresión de grado debido a factores como la gravedad de los delitos, el escaso efecto intimidatorio de la condena y la existencia de una causa pendiente por la que debe ser juzgado.
Pero el juez no comparte esa opinión y cree que existen más factores positivos para su paso al régimen abierto, máxime debido a la existencia de "una oferta laboral comprobada en un medio de comunicación".
