El Pleno del Congreso ha dado este martes su apoyo a una iniciativa de Sumar, ERC y Podemos que permitiría el embargo del comercio de armas a países que cometan genocidios, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, como Israel, lo que permitirá su tramitación en las cámaras.

Con los votos a favor de PSOE, PNV, EH Bildu, BNG y Junts y la oposición de PP y Vox (176 a favor y 171 en contra), el Pleno ha aprobado la toma en consideración de la proposición de ley que el diputado popular Pablo Hispán ve como la “última emboscada” entre socios del Gobierno y el de Vox Alberto Asarta un “sesgo totalitario”.

La propuesta pretende reformar la ley de 2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso e introducir la figura del embargo para la venta, compra o intercambio de armas con países que vulneran gravemente el derecho internacional humanitario.

Un debate que este martes ha acogido el Congreso apenas 24 horas antes de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska comparezca en esta misma cámara para dar cuenta del contrato con una empresa israelí de compra de millones de balas para la Guardia Civil y que el Gobierno acabó rescindiendo.

Con motivo del debate, alrededor de medio millar de personas se han concentrado en la puerta del Congreso para exigir ese embargo de armas a Israel, entre ellos la portavoz del grupo de Sumar, Verónica Barbero, además de Gerardo Pisarello, de En Comú-Podem, o parlamentarios de ERC como Gabriel Rufián.

Reproches entre socios de Gobierno

Ha sido Pisarello, en nombre del grupo de Sumar, quien ha defendido la iniciativa y quien no ha ocultado sus reproches al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por sus “medias verdades” o “cuando no falso testimonio” porque pese a haber reconocido que Israel masacraba a los palestinos, por los puertos españoles siguen pasando armas con destino a ese país, como también ha recalcado la diputada de Podemos Martina Velarde.

Pisarello se ha sustentado en informaciones periodísticas, estudios de organizaciones y la propia Secretaría de Estado de Comercio para asegurar que desde España se facilita la exportación de armas y que sigue habiendo vínculos con empresas que se “jactan” de haber probado en Palestina material de combate que luego venden.

Sumar, como ha dicho Pisarello, ha defendido el embargo porque “no puede ser que lo beneficios manchados de sangre de unas pocas empresas pesen más que las vidas de miles de niños”, y ha recalcado que la aprobación de la reforma de la ley puede ser un precedente para Francia, Alemania y otros países europeos.

A las críticas de Sumar no ha respondido la diputada socialista Caridad Rives, que ha puesto en valor el compromiso de Sánchez y del PSOE con Palestina y su rechazo a la masacre en la franja de Gaza.

Si bien Rives ha explicado que el sistema actual español de control del comercio de armas es “robusto, transparente y reconocido internacionalmente”, ya que se analiza y controla cada operación, ha apoyado la iniciativa por la necesidad de adaptarse a todos los cambios acaecidos en los 18 años que han transcurrido desde la entrada en vigor de ley que se quiere modificar.

Que la diputada socialista no haya respondido a Pisarello ha sido afeado por Hispán, el parlamentario del PP, quien después de considerar que lo que han hecho los socios de Sánchez es presentar una iniciativa contra el Gobierno, ha reprochado a los socialistas que la única reacción a las palabras del diputado de Sumar haya sido “bajar la cabeza”.

Un “pastiche jurídico antisemita”, para el PP

Hispán ha tildado la proposición de “pastiche jurídico que destila un rancio antisemitismo”, se ha preguntado por qué España sigue comprado gas a Rusia, a lo que debería “poner fin”, y ha instado a los partidos de izquierda a que “dejen de usar el sufrimiento en Oriente Medio por intereses políticos”.

Mientras, Alberto Asarta, de Vox, ha subrayado que el embargo puede afectar a la operatividad de las fuerzas de seguridad, a proyectos de material de defensa que están en marcha y a las cuentas de las empresas.

Tanto los portavoces en el debate de BNG, PNV, EH Bildu y ERC han apoyado la toma en consideración de la propuesta, como también Junts, si bien su diputado Isidre Gavin ha anunciado que presentarán enmiendas y ha dejado claro que no se prestarán a que este asunto se use como “arma política en un debate de parte”.