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jueves | 25 abril | 2024
La auditoría forense de Pescanova, de la que se podrían derivar responsabilidades penales en la gestión de la compañía, señala que la compañía presidida por Manuel Fernández de Sousa-Faro articuló un entramado de filiales montado durante años con un único objetivo: ocultar la deuda de la compañía.
De acuerdo con esa proyección, Pescanova también “hinchó” durante años su facturación para dimensionar su balance y obtener liquidez pidiendo más créditos. Los auditores de KMPG también detectan, según las fuentes consultadas, facturas falsas con el mismo objetivo.
Entre 2010 y septiembre de 2012 la multinacional pesquera comunicó un beneficio de 111 millones, cuando ya estaba en números rojos y con unas pérdidas “cuantiosas”.
Las facturas falsas, según el documento preliminar, no solo se han detectado en la operativa de factoring, a través del adelanto de pagos a proveedores como una línea de descuento bancario más, sino también en otro tipo de operativa ordinaria. Y a más deuda, más facturación que se hinchaba artificialmente, señalan los auditores de KPMG.
Todo ello, como una bola de nieve, hasta rebasar los 3.400 millones, frente a los poco más de 1.800 millones declarados por la compañía en el tercer trimestre del año pasado, con las últimas cuentas presentadas.
En lo que la forensic define en la práctica como una trama predefinida por Pescanova no solo estaría implicado el presidente. A Manuel Fernández de Sousa-Faro se sumarían hasta seis directivos de la multinacional.
Entre ellos, según los datos a los que ha accedido Economía Digital, se encuentran el director de auditoría, el antiguo director financiero y el máximo responsable del departamento de administración. Del avance preliminar no se desprenden indicios de apropiación indebida, según los auditores forenses de KPMG.
El auto mediante el cual el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz imputó a Fernández de Sousa y otros tres directivos por uso de información relevante aseguraba que la investigación haría uso del informe forensic una vez estuviese finalizado.
Además, el juez espera las conclusiones de la investigación de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros que tienen la encomienda de analizar el patrimonio de Fernández de Sousa y sus familiares en el último año.
