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viernes | 19 abril | 2024
La Fiscalía Europea desmanteló esta semana un caso de fraude por valor de 310 millones de euros llevado a cabo supuestamente por exportadores chinos a través de tres agencias de aduanas belgas y distintas empresas ficticias en varios Estados miembros, incluido España.
“Se trata de un caso que trata la Fiscalía europea contra el fraude y no la Fiscalía española”, confirmó este miércoles a EFE la responsable belga de la Fiscalía Europea, Pascale Vandeweyer, que dijo no ofrecer información “en este momento” sobre las empresas que podrían estar implicadas en España.
En el marco de la investigación, la Fiscalía Europea llevó a cabo el 28 de marzo diez registros en distintos lugares de Bélgica, incluido el aeropuerto de Lieja, y arrestó a cuatro sospechosos.
Exportadores chinos pusieron supuestamente en marcha “un complejo sistema para evadir el pago del IVA de bienes importados, utilizando tres agencias de aduanas privadas belgas y varias empresas falsas en varios Estados miembros de la UE”, según un comunicado de la Fiscalía Europea.
Durante la operación del martes, llevada a cabo con el apoyo de Europol, las autoridades belgas registraron almacenes y oficinas en el aeropuerto de Lieja y en Zeebrugge, así como viviendas particulares en las localidades de Ans, Lieja y Visé, donde se incautaron de pruebas y bienes.
Las empresas belgas declararon que las mercancías que entraban por el aeropuerto de Lieja -equipos electrónicos, juguetes y distintos accesorios- tenían como destino otros Estados miembros, con el fin de beneficiarse de una exención del IVA a la importación prevista en las normas europeas sobre aduanas, según la investigación, bautizada como “Ruta de la seda”.
El procedimiento aduanero en cuestión, creado para simplificar el comercio transfronterizo, exime a los importadores del pago del IVA en el país de importación, si las mercancías son transportadas posteriormente y vendidas en otro Estado miembro de la UE.
Se sospecha que los exportadores chinos recurrieron a agencias de aduanas privadas y representantes fiables en Bélgica, que declararían que el destino final de las mercancías se encontraba en otros Estados miembros.
Para hacerlo, se cree que utilizaron empresas ficticias ubicadas en Francia, Alemania, Hungría, Italia, Polonia y España, utilizando facturas falsas y documentos de transporte falsificados.
En algunos casos, supuestamente utilizaron los nombres de empresas reales, que desconocían que sus números de IVA e identidades habían sido robados.
Sin embargo, las empresas ficticias no recibirían los bienes, que en realidad se suministraban a firmas establecidas en otros Estados miembros, o se vendían a consumidores finales a través de mercados en línea en varios países.
“El objetivo de estas empresas ficticias era desviar la atención de los inspectores, creando una cadena comercial falsa y dificultando la realización de controles”, explica el mismo comunicado.
Los consumidores finales de todos estos bienes pagaron el precio total de los productos, incluido el IVA, aunque este impuesto nunca fue declarado ni pagado a ninguna administración tributaria y se quedó en manos de los responsables de la organización delictiva.
Se estima que las actividades investigadas causaron entre 2019 y 2022 daños por valor de al menos 303 millones de euros en IVA evadido y 6,6 millones de euros en derechos de aduana.
Los delitos investigados incluyen falsificación de documentos, fraude aduanero y del IVA, blanqueo de capitales y participación en organización criminal.
Entre los sospechosos detenidos se encuentran dos directores, un contable y otro empleado de las empresas belgas investigadas.
La operación también permitió la congelación de una docena de cuentas bancarias y la incautación de cuatro vehículos, de las marcas Audi, BMW y Mini Cooper.
