11º-16º
jueves | 8 mayo | 2025
El Ministerio de Economía ha abierto este martes la consulta pública sobre criterios de interés general por la oferta pública de adquisición (opa) del BBVA al Banco Sabadell, que se llevará a cabo mediante un formulario que podrá rellenarse hasta el próximo 16 de mayo.
Desde Barcelona, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el procedimiento, anunciado la víspera por el presidente, Pedro Sánchez, está "totalmente alineado con la legislación vigente" y considera que es una "buena práctica" que el Ejecutivo volverá a utilizar si se vuelve a producir un escenario similar.
Esta iniciativa, explica en un comunicado el departamento que dirige Carlos Cuerpo, es "respetuosa" con el procedimiento, plazos y con las competencias de todas las instituciones involucradas en el proceso.
Al igual que en otras consultas públicas, podrán participar aquellos ciudadanos, organizaciones, asociaciones y agentes económicos que puedan verse afectados por la operación rellenando un cuestionario en la propia web del Ministerio de Economía.
La consulta consiste en un formulario con preguntas relacionadas con los criterios de interés general que identifica la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia en su artículo 10.4 y se acompaña de un buzón para aportar información adicional.
Al cuestionario se accede una vez rellenados los datos del participante y en él hay que responder a la pregunta de si existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que puedan verse afectados con la opa.
Si la respuesta es afirmativa, el formulario pregunta cuáles serían los criterios de interés general que puedan verse afectados.
Da a elegir entre defensa y seguridad nacional; protección de la seguridad o salud públicas; libre circulación de bienes y servicios; protección del medio ambiente; promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos; garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial; y otros.
En el caso de que el participante elija "otros", tendrá la opción de exponerlo a continuación en un máximo de 2.000 caracteres.
Además, el cuestionario pregunta en qué medida estos criterios de interés general pueden verse afectados por la opa del BBVA al Sabadell y pide valorar el impacto estimado, para lo que vuelve a ofrecer la opción de exponerlo en un máximo de 2.000 caracteres.
Otra de las cuestiones que recoge el formulario es si el participante considera que pueden establecerse medidas que permitan proteger los criterios de interés general previamente señalados y, en el caso de que la respuesta sea afirmativa, da la opción de plantear propuestas para protegerlos en un máximo de otras 2.000 palabras.
El Ministerio de Economía argumenta que se pretende obtener información que facilite una valoración completa antes de decidir si la operación de concentración bancaria se eleva o no al Consejo de Ministros.
El Gobierno mantiene los plazos establecidos de 15 días hábiles más un mes para decidir sobre la opa del BBVA sobre el Sabadell, a pesar de la consulta pública para recabar la opinión de organizaciones, ciudadanos y asociaciones, que se enmarca en los 15 días hábiles que el departamento que dirige Carlos Cuerpo tiene para decidir.
El pasado miércoles, como estaba previsto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) subordinó la operación de compra del Sabadell por parte del BBVA al cumplimiento de compromisos o condiciones, por lo que su resolución no es firme ni pone fin a la vía administrativa hasta que el ministro de Economía dé su visto bueno, lo que podría llegar con el mero silencio administrativo.
Si por el contrario, Cuerpo decidiera elevar el tema al Consejo de Ministros, lo que muchas veces se dio por descontado dada la oposición del Gobierno a la operación, se abriría un plazo de un mes para que el Ejecutivo decida si confirma la resolución de la CNMC o se inclina por autorizar la concentración con nuevas compromisos.
La Ley de Defensa de la Competencia de 2007 deja claro que las condiciones que puede imponer el Gobierno deberán estar debidamente motivadas en razones del interés general distintas de la defensa de la competencia, como la seguridad nacional, la protección del medioambiente o la promoción de la innovación, por ejemplo.
No existe precedentes en los que el Gobierno haya endurecido las condiciones de compra de una fusión.
