Las principales organizaciones que conforman la cadena alimentaria han remitido una carta a la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, para reclamar que se mantenga hasta finales de septiembre la bajada del IVA aprobada a finales de 2022 y que incluso se amplíe a más productos.
La carta, a la que ha tenido acceso EFE, está firmada por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, las Cooperativas Agro-Alimentarias, la patronal de la industria alimentaria FIAB, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) y las tres organizaciones que representan a los supermercados (Anged, Asedas y ACES).
El Gobierno, a partir del Real Decreto ley 20/2022, en aplicación desde el 1 de enero, eliminó el IVA de los productos básicos y bajó el 10 al 5 % el de aceites y pastas.
En la misiva, los responsables de la cadena alimentaria insisten en que “vistos los efectos de la medida”, consideran “necesaria” su ampliación a otros productos de la cesta de la compra.
Según los datos de la Agencia Tributaria, esta medida ha supuesto que las arcas públicas hayan recaudado 254 millones menos por este concepto desde enero hasta abril.
Igualmente, las organizaciones piden que por razones de seguridad jurídica, la decisión sobre si esta medida se amplía o no “debería despejarse a la menor tardanza”, pues es conocido “el tremendo esfuerzo de adaptación que se tuvo que desarrollar en los últimos días del pasado mes de diciembre”.
“La rebaja del IVA fue inmediatamente trasladada a los precios finales y ha servido para contener en buena medida el IPC”, defienden los firmantes.
La vigencia de la rebaja finaliza el 30 de junio, si bien desde la cadena se reclama que se mantenga “al menos” hasta finales del mes de septiembre del presente año porque los mercados siguen muy tensionados y por la situación de los hogares que, debido a la subida de precios incluso han reducido el volumen de productos adquiridos.
Argumentan también que se debe ampliar esta medida por la presión que sigue teniendo el conjunto de la cadena alimentaria en relación con su cadena de suministro y por los costes ambientales que se han incorporado, como el impuesto a los envases de plástico.
Entran los firmantes en valorar que “incluso en el actual escenario político, sería plenamente legítimo y comprensible” que el Gobierno en ejercicio de sus prerrogativas, “pudiera incluirla dentro de un Real Decreto-ley”.
