8º-16º
martes | 30 abril | 2024
La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha aplazado el juicio fijado para este jueves, día 10, contra un abogado que se comprometió en 2014 a defender a dos de los ocho detenidos por el secuestro de un empresario maderero de Cambre y al que llegaron a efectuar pagos.
Fuentes próximas al caso consultadas por Europa Press han confirmado que el aplazamiento de la vista se debe a que las partes no han conseguido cerrar el acuerdo de conformidad que se iba a formalizar en la Sala.
Inicialmente, la Fiscalía solicita para el acusado tres años de cárcel por un delito continuado de estafa, el pago de una multa de 7.200 euros por deslealtad profesional y cuatro años de inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía.
Pide, además, indemnizar a los perjudicados con 6.600 euros por las entregas en efectivo realizadas y 10.000 euros, a cada uno de ellos, por daños morales.
Según recoge el escrito del Ministerio Público, el acusado, el letrado colegiado que ejercía en un despacho de abogados en A Coruña, fue contratado en septiembre de 2014 por para la defensa de un hombre y el hijo de este, ambos en prisión provisional.
Tras haber contactado con los dos presos, añade, "les prometió que conseguiría su excarcelación en un plazo aproximado de un mes", preparando la defensa de ambos una vez fueron puestos en libertad, a la vista del juicio que se celebraría y en la que figuraban como acusados.
La Fiscalía sostiene que el acusado llegó a personarse como defensor de ambos y presentó escrito de personación con fecha 17 de octubre de 2014. A partir de ese momento, mantuvo conversaciones con los clientes, a quienes les insistía en que conseguiría librar a los acusados de la cárcel.
"A pesar de ello, actuando con el afán de enriquecerse y sin intención alguna de cumplir las obligaciones profesionales asumidas" requirió al contratante en concepto de provisión de fondos, dos pagos de 3.000 euros en septiembre y diciembre de 2014, así como de 600 euros, en noviembre, para el pago de procuradores.
Según el escrito, hizo creer así a los clientes que hacía gestiones judiciales, interponía recursos o solicitaba al juez la puesta en libertad, cuando no presentó ningún escrito ante el órgano jurisdiccional competente, lo que determinó que padre e hijo estuvieran presos hasta el momento de la celebración del juicio los días 10, 11, 12 y 15 de febrero de 2016.
En virtud de la sentencia del 24 de febrero de 2016 de la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, los clientes resultaron condenados a las penas de nueve años de prisión, como autores de un delito de secuestro, y de dos años y seis meses de prisión, por un delito de tenencia ilícita de armas.
