La Xunta y Sada se suman a la demanda del Estado contra los Franco por Meirás

La Xunta y Sada se suman a la demanda del Estado contra los Franco por Meirás

El Juzgado de Primera Instancia Número 1 de A Coruña acordó aceptar las solicitudes presentadas por el Ayuntamiento de Sada y por la Xunta de Galicia para intervenir en el proceso judicial iniciado por la Administración General del Estado a principios de este verano para reclamar a los Franco la propiedad de Meirás.

Las dos administraciones se adhieren al procedimiento pero sin carácter autónomo, lo que implica que su legitimación para intervenir está subordinada a la parte demandante, el Gobierno de España. Tendrán, por tanto, calidad de “parte coadyuvante adhesiva simple del demandante”, indicó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

En su auto, la magistrada considera que las dos administraciones tienen un “interés directo y legítimo” en la causa y estima los argumentos que presentaron en sus solicitudes la Xunta y el Ayuntamiento de Sada.

En concreto, a la hora de acordar su intervención en el proceso, la jueza coruñesa tuvo en cuenta el “papel relevante” de Sada en las acciones tendentes a recuperar el inmueble, así como que, según el la institución municipal, no solo se pretende la recuperación del patrimonio, sino darle un uso público a Meirás.

En este sentido, para el Gobierno de Portela “a admisión da intervención do Concello de Sada significa que é considerado parte no proceso a todos os efectos e pode defender as pretensións formuladas polo Estado ou as que o propio Concello de Sada formule aínda que o Estado renuncie, se allane, desista ou se aparte do procedemento por calquera outra causa”, apuntaron a través de un comunicado tras serle notificado el auto del Juzgado de A Coruña.

En cuanto a la Xunta, la resolución señala que el Parlamento de Galicia inició las acciones encaminadas a la recuperación del bien, declarado en 2008 Bien de Interés Cultural de Galicia, con la categoría de Sitio Histórico.

Además, también se indica que la comunidad ostenta las competencias respecto a la protección del patrimonio. l

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