En septiembre de 2017, el procés estaba en su punto álgido. El Gobierno autonómico había desoído al Tribunal Constitucional y convocado un referéndum, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había prohibido la apertura de los colegios electorales. Para cumplir dicha orden, acudieron 1.200 agentes de la UIP (antidisturbios) de toda España, y 120 de A Coruña. Fueron semanas de tensión a bordo de un barco “El Piolín”, de declaraciones incendiarias, de maniobras políticas que estallaron el 1 de octubre en una serie de enfrentamiento en 29 de los 2.500 colegios catalanes. Eran 1.200 agentes tratando de contener a 2,5 millones de personas. “Fue un desastre, un fracaso”, admiten fuentes sindicales. 

Los ecos de ese estallido, de ese fracaso, han llegado hasta el día de hoy. El 23 de enero, el juzgado de instrucción número siete de Barcelona, dictó un auto de transformación de procedimiento abreviado: de 65 policías acusados de delitos de lesiones, archivó veinte casos. Pero el resto siguen adelante por uso desproporcionado de la fuerza, porque son los que usaron las porras contra la multitud. Cinco están destinados en A Coruña, incluido el jefe de la UIP. 
 

Se les imputa no solo un delito de lesiones menos leves (que solo conlleva una multa de unos cientos de euros) sino también un delito contra la integridad moral y de tortura. Este último cargo sí es grave y podría suponer una inhabilitación, pero resulta difícil de sostener: es imposible que ningún militante independentista fuera torturado en un calabozo policial pro la sencilla razón de que había órdenes de no detener a nadie. “Éramos muy pocos –recuerdan fuentes policiales–. Cuando detienes a alguien, tienes que comparecer con tu detenido”. 
 

El cuarto colegio    

Los agentes venidos de A Coruña cerraron tres colegios, pero el cuarto resultó ser más problemático. Para entonces, ya se sabía que los agentes no sancionaban ni detenían, y la multitud estaba furiosa. Los policías tenían órdenes de desalojar, hubo enfrentamientos y aunque las heridas más graves fueron erosiones y arañazos, lo que importa en el auto del juez es que algunos antidisturbios usaron la porra para abrirse paso. 
 

Los policías no pueden evitar sentirse desencantados por todo esto: “Nos mandaron a un sinsentido, era un dispositivo inútil, y el Ministerio de Interior y la Dirección General de la Policía se han desentendido de nosotros”. En cuarenta días sabrán si el fiscal decide presentar cargos, pero el proceso se puede dilatar diez años “con la espada de Damocles encima”, se lamentan. Muchos pidieron el traslado de la Unidad de Intervención Policial (UIP). El sindicato Jupol los llama los “héroes de 1-O”, pero estos consideran que sus superiores nunca los han tratado como tales.