10º-19º
jueves | 18 abril | 2024
En dos meses tendrán lugar los comicios en los que Inés Rey se jugará la reelección pero, mientras tanto, queda mucho que hacer. El Gobierno local parece haber levantado el pie del acelerador y no hay fecha concreta para aprobar muchas cuestiones que, en algunos casos, llevan meses arrastrándose. La aprobación de un presupuesto para este año parece el más urgente, pero ni siquiera se ha comenzado a negociar. Eso aseguran fuentes de la Marea. Pero no se trata solo de eso: contratos importantes por licitar, ordenanzas por aprobar, cambios en el PGOM... Marzo y abril se adivinan meses frenéticos, si es que el Gobierno local quiere catar tantos cabos sueltos.
La portavoz de la Marea Atlántica, María Rivas, lamentó recientemente en una rueda de prensa la tardanza del Gobierno local en tomar la iniciativa de las negociaciones de los presupuestos de este año. Sobre todo, porque la alcaldesa, Inés Rey, reiteraba en sus declaraciones que muy pronto estarían en condiciones de presentar un documento. Pero, por el momento, no ha sido así.
Esto ha provocado una división entre los distintos partidos de la oposición. Unos sostienen que ya es demasiado tarde para presentar un presupuesto, sobre todo ahora que el Gobierno local cuenta con menos apoyos que nunca tras la salida de la concejala de Deportes, Mónica Martínez, después de que la Marea ganara en los tribunales su caso y se dictaminara que se trataba de transfuguismo (ella pertenecía a Ciudadanos).
El BNG, por ejemplo, considera que es más urgente aprobar un modificativo de las actuales cuentas, para que las entidades sociales de la ciudad, que dependen de las subvenciones nominativas (que caducan cada año) puedan recibir el dinero que necesitan para pagar sus gastos corrientes. A fin de cuentas, aunque se aprobaran unos nuevos presupuestos, no podría ponerlos en práctica en tan solo dos meses. La Marea opina lo contrario. “Son un instrumentos que pode empregar o Goberno despois das eleccións”, señalaba su candidato, Xan Xove.
Otro gran problema del Gobierno local es que tiene una gran cantidad de normativas por aprobar. En algunos casos, el motivo del retraso no está claro. En otros, el proceso se ha alargado tanto que el texto ha tenido que irse adaptando a los cambios en las normativas nacionales que la afectaban. Es el caso de la ordenanza de Movilidad, que lleva meses de retraso, pero también hay se puede mencionar la de Bienestar Animal. Otra normativa que el Gobierno local mantiene paralizada es la de Ruidos. Ambos son simples cambios con respecto a las ordenanzas anteriores pero siguen sin ser llevadas a pleno.
Más polémica son las reformas de las ordenanzas que afectan a las llamadas “terrazas de las pandemias” y que a día de hoy siguen siendo irregulares, a la espera de que se normalice su situación. Otro tanto ocurre con la ordenanza de vados, que el Ayuntamiento no ha modificado ni emitido etiquetas nuevas para la señalización, algo que, en principio, se tendría que hacer de manera anual.
Aún más improbable es que consiga la modificación del PGOM que permitiría crear el Parque Observatorio. El Gobierno ya lo intentó en 2021 y no pudo conseguir la aprobación por mayoría absoluta que necesitaba. Pensaba hacer un segundo intento, pero este todavía no se ha materializado, ni parece que vaya a hacerlo.
Pero, sin duda, el tema más candente es el de la licitación del nuevo contrato de la planta de reciclaje de Nostián. No solo porque es uno de los más costosos del Ayuntamiento (334 millones de euros) o porque lleva tres años de retraso sino, sobre todo, porque la alcaldesa ha insistido en que piensa sacarlo a licitación en abril.
El problema es que anunció un cambio de modelo del que debe convencer a los municipios del área metropolitana, muy molestos por no haber sido informados. Ayer, el grupo municipal del PP anunció que presentará en el pleno del jueves una moción para instar a alcaldesa a que lo deje para el próximo Gobierno.
