Agentes de la Policía Nacional han detenido a 61 personas e investigan a otras 17 en una macrooperación contra la posesión, producción y distribución de material de explotación sexual infantil. La operación, una de las más complejas de los últimos años, ha contado con la participación de más de 200 agentes y ha incluido más de 100 registros domiciliarios en casi todas las provincias del país.

Entre los arrestados figuran perfiles especialmente sensibles como un profesor de secundaria con menores en régimen de acogida, un exmilitar profesional en posesión de nueve armas de fuego y gran cantidad de munición, y un ingeniero informático con conocimientos avanzados en redes.

Una investigación compleja y coordinada a nivel nacional

Fruto de la operación, los agentes han realizado más de 100 registros en la mayor parte de provincias de la geografía española. Como resultado de los mismos, han intervenido gran cantidad de dispositivos electrónicos, entre los que se encuentran 37 teléfonos móviles, 63 ordenadores (de sobremesa y portátiles), 229 discos duros, 58 memorias USB y más de 1.600 dispositivos de almacenamiento diferentes. Asimismo, han investigado a 110 personas por posesión, producción y distribución de pornografía infantil, resultando 61 de ellas detenidas y 17 investigadas no detenidas.

Los arrestos se han realizado en las provincias de Vizcaya (2), Guipúzcoa (1), Segovia (1), Ávila (1), Soria (1), Zamora (1), Burgos (2), León (1), Valladolid (2), Salamanca (1), Alicante (2), Castellón (2), Navarra (1), Lleida (1), Girona (2), Baleares (1), Melilla (2), La Rioja (1), Cantabria (2), Cáceres (1), Las Palmas (2), Santa Cruz de Tenerife (2), Zaragoza (3), Huesca (2), Asturias (2), Madrid (4), Guadalajara (2), Albacete (1), Ciudad Real (1), Toledo (3), Ourense (1), Lugo (1), A Coruña (2), Sevilla (2), Málaga (1), Granada (1), Cádiz (2) y Almería (1). En concreto, en la provincia coruñesa las detenciones se llevaron a cabo en la ciudad de A Coruña y en Padrón.

Entre los arrestados se encuentra un individuo que utilizaba la conexión wifi pública de un establecimiento de hostelería. Los agentes logaron identificarlo, y localizarlo en Ourense, tras observar un patrón de descargas en determinadas franjas horarias que permitieron detectar una conexión en tiempo real y a la persona que, con un ordenador portátil, realizaba las conexiones investigadas. Otro de los encartados, detenido en Castellón, es un ingeniero informático con avanzados conocimientos y habilidades técnicas. Esto le llevó a realizar una instalación por cable para compartir la conexión a Internet, desde la que descargaba y distribuía el material de explotación sexual infantil, con su hermano (residente en el piso superior y titular de la línea).

Por otra parte, el arrestado en el municipio madrileño de Coslada adoptaba medidas de seguridad y eliminaba el material ilícito descargado; si bien, fruto del análisis de los dispositivos intervenidos, los agentes acreditaron que descargaba y distribuía archivos de explotación sexual infantil. Además, durante el registro de su domicilio, localizaron nueve armas de fuego (largas, cortas y de guerra) así como gran cantidad de munición.

Por último, entre los detenidos se encuentra un profesor de educación secundaria que, además, tenía menores en acogida. Este individuo aprovechaba cualquier actividad para grabar a los menores mientras practicaban conductas sexuales o cuando estaban desnudos y, finalmente, fue arrestado en Las Palmas.

La complejidad de la investigación ha radicado en la gran cantidad de personas investigadas y de registros realizados, así como en las autoridades judiciales implicadas y los miles de archivos intervenidos.

La Policía Nacional recuerda que compartir o almacenar este tipo de imágenes constituye un delito. Para colaborar de forma confidencial, los ciudadanos pueden enviar información al correo electrónico habilitado: denuncias.pornografia.infantil@policia.es.

Además, se hace un llamado a la responsabilidad y la concienciación social frente a este tipo de delitos, que suponen una gravísima vulneración de los derechos de los menores.