Las estadísticas más recientes de la Policía Local señalan que se detectaron el año pasado 785 casos de exceso de velocidad, pero a nivel administrativo, nunca fue tan alto como para considerarse un delito contra la seguridad vial. Es el doble de casos de los que se habían detectado en 2023 (343). Fuentes municipales señalan que esto puede deberse a un aumento en la vigilancia de la Policía Local y no necesariamente por que haya crecido el fenómeno.
De hecho, se duplicaron también el número de controles, pasando de 88 a 192. Sin embargo, el número de vehículos controlados se redujo: pasó de los 26.038 de 2023 a los 21.093 del año pasado.
Entre los muchos dispositivos que se compraron con dinero europeo como parte de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que engloba a la ciudad hasta la ronda de Outeiro, se encuentran dos radares y diez cajas que se han colocado en cinco puntos distintos de la ciudad. Se instalaron a principios de enero del año pasado, pero nunca se pusieron en servicio. La alcaldesa, Inés Rey, que sabe lo impopulares que son estas medidas, lanzó una advertencia para que los coruñeses levantaran el pie del acelerador o los pondría en marcha.
Estas cajas se encuentran en vías periféricas, que es donde más se registran los excesos de velocidad: Tercera Ronda (en dos puntos), carretera de Baños de Arteixo, la avenida de A Pasaxe, la de Salgado Torres, la de Finisterre y Alfonso Molina (a la altura del IES Fernando Wirtz). La idea es ir turnando los dos radares en las cajas periódicamente.
Por el momento, los únicos radares que funcionan son los pedagógicos. Son diez, y se encuentran en puntos de mucho transito: Alfonso Molina, Pedro Barrié de la Maza, y avenida de La Habana. Los otros siete se localizan cerca de colegios, como el CEIP Sagrada Familia, en el caso de la ronda de Outeiro. Hay que hacer notar que su disposición no coincide con la de los otros radares, pero fueron sus datos los que usó Rey para señalar que había un problema de velocidad que podía solucionarse activando los cinemómetros.
