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viernes | 19 abril | 2024
El Ayuntamiento ha decidido personarse como parte afectada en el caso de corrupción, blanqueo y estafa que la Policía Nacional ha abierto contra el sindicato STL, mayoritario en las concesionarias de limpieza viaria y recogida de basuras. El Gobierno de Inés Rey toma esta decisión casi un mes después de que estallara el escándalo, y el día antes de que se celebre una Comisión de Medio Ambiente. Es decir, hoy. “Parece el paso apropiado y necesario, dado que son concesionarias del Ayuntamiento. Ha sido meditado en función de una serie de informaciones que íbamos recibiendo. Se trata de esclarecer el alcance de lo ocurrido y cómo ha afectado al Ayuntamiento. No puedo menos que aplaudir la decisión de la Alcaldía”, señaló la concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán.
La Policía Nacional sospecha que STL cobraba comisiones mensuales a los trabajadores que colocaba en cada una de las empresas concesionarias de limpieza y recogida de basura. Por eso el Ayuntamiento se considera parte perjudicada por las “prácticas irregulares” de los responsables del sindicato que están siendo objeto de investigación judicial.
En el documento presentado en el juzgado por la letrada municipal, se recuerda que STL ha generado una “gran conflictividad” en las plantillas y en consecuencia “graves anomalías” en la prestación del servicio. En febrero de 2022 se llegó a acordar por la alcaldesa, Inés Rey, la declaración de emergencia sanitaria en la ciudad, después de que la basura se acumulara durante días en las calles. La situación obligó a hacer una contratación de emergencia para completar los servicios de recogida de residuos y limpieza viaria.
Según las investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el secretario general de STL era el cabecilla de una trama en la que se lucraba gracias a dos empresas interpuestas, Imprego e Inusvalia, a través de las cuales hacía las contrataciones. Los nuevos empleados tenían la obligación de pagar unos 73 euros cada mes de su sueldo. Los que se negaban, según la Policía, no duraban mucho en la empresa.
Durante el registro de las sede STL y las empresas, así como de los domicilios, los agentes se incautaron de gran cantidad de dinero en efectivo, así como de vehículos de alta gama. También bloquearon el acceso a cuentas donde se acumulaban cientos de miles de euros así como varias propiedades inmobiliarias.
Conviene recordar que STL controla por completo el comité de empresa de PreZero, la empresa concesionaria del servicio de recogida de basuras, mientras que sigue siendo mayoritaria en la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por FCC Medio Ambiente, S.A.U. e Ingeser Atlántica. El comité de empresa de esta última cuenta con delegados de la CIG y USO. Este martes se reunieron con la Concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, donde dieron cuenta de “los graves incumplimientos e irregularidades” de la UTE de limpieza viaria.
En opinión de los responsables sindicales, estos incumplimientos están directamente relacionados con la influencia que ejerce STL sobre la empresa y que incluye destinar a trabajadores con discapacidades en puestos no adecuados para sus capacidades, o simplemente disponiendo menos personal del necesario. Los delegados denuncian presiones desde la propia empresa, asegurando que a uno de ellos les ha cambiado de funciones de conductor a la de peón. Aseguran que se asciende “a dedo” sin promoción ni ningún tipo de explicación. La situación está lejos de aclararse, y es muy posible que el juicio no comience hasta finales de año.
