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martes | 16 abril | 2024
El lunes, la Policía Nacional acudió alrededor de las ocho de la tarde a las viviendas de Santa Cristina, en Palavea, ante el aviso de un vecino que había observado a un extraño allanando una casa que llevaba tiempo vacía. Los patrulleros no encontraron a nadie en la casa, pero el incidente se suma a otros que preocupan a los vecinos. Palavea es conocida por albergar la promoción de Epamar, largo tiempo abandonada y que está ocupada desde hace años y temen que la situación se contagie a otras viviendas vacías, por eso piden, entre otras cosas, mayor vigilancia policial.
La Asociación vecinal Os nosos lares confirma el aumento en estas semanas de la preocupación por los temas de seguridad que le trasladan los vecinos ante lo que estos manifiestan como intentos de ocupación y que se expresan, entre otros, en las llamadas a la Policía, acaben o no en una intervención real, como fue el caso del lunes. “No es la primera vez que ocurre, también pasó días atrás”, señalan.
Consideran que la promoción de Epamar actúa como un imán para individuos que quieren okupar
La asociación cree que la vuelta al foco del asunto político y mediático de las viviendas Epamar puede estar detrás de este incremento en la preocupación por los temas de seguridad y en la percepción de esta. La entidad vecinal quiere trasladar calma y responsabilidad a la hora de tratar este tema e insta, como siempre ha hecho, a la Sareb a agilizar la resolución de este asunto y ante el incremento manifestado demanda una mayor atención al mismo por parte de la delegación del Gobierno, del cual depende la responsabilidad en estas actuaciones, para evitar un “incremento de la conflictividad”.
Los incidentes más graves, con peleas y amenazas a algunos vecinos, ocurrieron en 2020, y desde entonces la situación se ha mantenido tranquila. Sin embargo, los bloques de viviendas siguen sin tapiarse, de manera que atraen a toda clase de individuos que generan esa sensación de inseguridad en los vecinos, que se vuelve más real cuando, por ejemplo, se declaran incendios en el edificio abandonado, lo que ha ocurrido en varias ocasiones, aunque nunca ha causado años graves.
Los okupas, la mayoría constituidos por una única familia, tampoco pueden ser desalojados porque no existe ningún propietario que pueda denunciarlo en un juzgado, de manera que el problema amenaza con eternizarse.
Recientemente, fuentes municipales habían informado de que no habían llegado a buen puerto las negociaciones que mantenía desde hace meses con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocida como el “banco malo”. Según parece, les habría anunciado que pensaba venderlas a una inmobilaria privada en enero de este mismo año.
Sin embargo, la Sareb negó este extremo, señalando que no es propietaria de las viviendas de Epamar (que engloba 52 pisos que nunca fueron habitados, porque la burbuja inmobiliaria estalló antes de que estuvieran terminados del todo). El “banco malo” solo es propietario de la deuda hipotecaria que pesa sobre la inmobiliaria, y que le transfirió un banco, como miles de casos más. El caso todavía está en el juzgado, a la espera de que el inmueble se subaste al mejor postor. Que sea la Sareb o no, está por ver.
Hace ya tiempo que no se producen incidentes graves, como las peleas que se registraron el verano de 2020
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la semana pasada la venta en subastas de siete pisos y dos bajos en el centro de la ciudad: el número 40 de la calle del Orzán, un edificio nuevo, embargado por la deuda hipotecaria de la empresa. Esta deuda pertenece en su mayoría a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocida como el “banco malo”, lo que le ha permitido a esta entidad quedarse con varias viviendas a un precio irrisorio para luego venderlas, presuntamente a entidades privadas.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) (es decir, el Gobierno) se hizo esta misma semana con la Sareb) tras comprar un 4,24% a accionistas privados. Un cambio legal había convertido los 35.000 millones de euros de la deuda de la entidad en deuda pública, de manera que el Gobierno decidió asumir el control. Falta por saber como afectará a casos como el de Epamar.
