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martes | 30 abril | 2024
Hasta los 400.000 euros eleva la acusación particular la cuantía de la indemnización que reclamará en el juicio a José Ramón Blanco Vila, alias Coque, como responsable de la muerte de uno de los dos hombres cuyos cadáveres aparecieron, descuartizados, en una fosa séptica de una vivienda de Fonteculler hace casi tres años. Se trata de la madre de uno de los fallecidos, que actúa en el proceso judicial contra Blanco Vila y las otras seis personas que en los próximos meses se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial para responder del doble crimen y de la ocultación y mutilación de los cuerpos.
En este caso, la acusación se centra en una sola de las muertes, la de Ramón Luces Tajes, de quien se dice que falleció por acompañar a un conocido –la otra víctima– desde Muros hasta Aranga para \“intentar cobrar una deuda pendiente\” del principal encausado, originada por la venta de sustancias estupefacientes.
Vincula el hacha y la sierra halladas en el domicilio de dos procesados con las tareas de desmembramiento
Siguiendo el relato que presenta la acusadora particular, los dos muradanos llegaron a la casa de Blanco Vila sobre las 22.30 horas del 9 de noviembre de 2008, después de haberle estado telefoneando durante toda la tarde. Allí estaban reunidos, además de Coque, la mujer de este y un joven amigo de la pareja, quienes, en el momento en que los dos visitantes entraron en la casa, \“se encontraban en el salón con la puerta cerrada\”.
Premeditado > Como ya hacía la Fiscalía, en esta versión de los hechos se carga la responsabilidad de las dos muertes sobre Blanco Vila, de quien se dice que cuando el traficante y su acompañante llegaron ya había decidido matarlos porque sabía que intentarían que \“la deuda fuese pagada esa noche\”. Es por ello que se guardó entre la ropa una pistola y dos armas blancas, las mismas con las que serían atacados los dos fallecidos.
Sin embargo, y en contra de la versión del fiscal, esta acusación solamente imputa al único de los acusados que continúa a día de hoy en prisión provisional un asesinato, y reclama por él 25 años de prisión, más dos por un delito de tenencia ilícita de armas y cinco meses por uno de profanación de cadáveres, que tiene que ver con el descuartizamiento.
El Ministerio Público, por su parte, habla de dos asesinatos, y eleva la petición de pena hasta los cerca de 53 años de prisión. En cuanto a las indemnizaciones que solicita, pide que la madre de Ramón Luces sea compensada con 300.000 euros, y solicita para su hermana otros 100.000, además de otros 400.000 euros para los familiares de Javier Toledo, el segundo fallecido.
En el resto de implicados, la esposa de Blanco Vila, el chico que estaba en la casa de Aranga la noche del crimen y otras dos parejas a las que se culpa de colaborar en la desmembración y traslado de los cuerpos a Fonteculler y en el encubrimiento, las peticiones de pena de las dos acusaciones coinciden, y oscilan entre los cinco meses y los cinco años y medio.
Armas > Las penas más elevadas corresponden a los dos miembros de una pareja residente en Orro, en cuyo domicilio fueron recuperadas varias armas, entre ellas la pistola empleada para dar muerte a los dos vecinos de Muros. Había también, según se recoge en el escrito de la acusación particular, tres catanas, tres cuchillos un serrucho de sierra y un hacha corta, herramientas que esta parte relaciona con el descuartizamiento de al menos uno de los cadáveres –el del hijo de la mujer que ejerce acusación–.
Al igual que hacía el fiscal, en esta versión se implica a todos los acusados en el delito de profanación de cadáveres, por el que se piden cinco meses de prisión para cada uno de ellos. Según se entiende probado, los siete actuaron de común acuerdo, movidos por la \“relación de amistad\” que los unía, una vez que los que no estaban presentes aquella noche tuvieron conocimiento de lo que había ocurrido en la vivienda de Aranga.
