La huelga general convocada para hoy no es más que el ejercicio de un derecho constitucionalmente reconocido, al que, por lo tanto, todos los españoles pueden acogerse sin que nadie esté legitimado para menoscabarlo. Esa misma premisa es aplicable también a quienes decidan no secundar la llamada de los sindicatos y sí, en cambio, ejercer su derecho al trabajo. La ley ampara a unos y a otros, así que los responsables de la seguridad pública tendrán que velar para que se mantengan sin el más mínimo quebranto las condiciones que permitan acogerse a uno o a otro derecho, según lo que su conciencia dicte a cada persona. La violencia, por tanto, no tiene cabida en el 29-M.