MATAR AL MENSAJERO

Rafael Catalá, ministro de Justicia, estudia multar a los medios de comunicación que publiquen filtraciones judiciales tomando el relevo de su predecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, que pretendió incluir en el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “un sistema severo de sanción administrativa”.
El comentario final de sus declaraciones fue que “no está como tal en la agenda política del Gobierno” y concluyó su reflexión añadiendo que “es necesario sancionar con firmeza a los que filtren información que sea objeto de investigaciones judiciales”. A esto, a toda esta diatriba se le llama amagar sin golpear y dando un aviso claro a navegantes “informativos”. Nada dijo sobre si el sancionado sería el que filtra el mensaje o quien lo publica. Sea como fuese, despeja dudas sobre las intenciones: ¡matar al mensajero!
La historia está plagada de situaciones límite en la que algunos gobiernos sometidos a estados de pánico se vuelven paranoicos, extremadamente peligrosos para la ciudadanía y con el resorte del poder en estado de ebullición. La tentación es máxima, tratan de cerrar sus propias vías de agua hundiendo el barco, globalizando el miedo y aflorando leyes que restringen la posibilidad de ser criticados.
Quienes ya peinamos canas recordamos perfectamente el final del régimen franquista, con “estados de excepción” y todo el sistema en alerta máxima para su propia subsistencia. Fueron tiempos muy duros, con un nivel de violencia del aparato del Estado que predecía el final de un régimen que iba a “vender cara” su extinción.
A finales del pasado mes de marzo se aprobó en el Parlamento La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, que entró en vigor de forma inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con el rechazo unánime de toda la oposición y la alerta de organismos internacionales.
La nueva ley limita derechos fundamentales, como el de manifestación y reunión, y constituye un ataque frontal a las libertades individuales. El círculo –ataque a las libertades– se cierra con las manifestaciones de Catalá y pone en evidencia las intenciones del Gobierno de Rajoy, ajustando cuentas con los medios “no afines”, aquellos que no escuchan “las voces de Moncloa”.
No soportan ser esclavos de su propio pasado y pretenden que el silencio se torne noticia y la noticia se dé en silencio.
La situación es desesperada para un gobierno con todos sus flancos abiertos y procesos judiciales acorralando a un partido que, todo indica, ha hecho trampas desde su aparición a principios de los años 90. Tales indicios nos hacen saber que estos gobernantes no se irán sin más. Está comprobado que los gobiernos “en final de ciclo” se tornan ásperos y agresivos. Recuerden: es muy peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado.