¡Yeso que no hablaba de economía!, que es el terreno donde se manifiesta  más locuaz y categórico. Pero la manita moral que en la entrevista televisiva del lunes pasado Rajoy echó a la infanta Cristina y por extensión a la familia real y al propio jefe del Estado, ha parecido gratuita y excesiva. Con haberle augurado a la segunda hija del rey que las cosas le habrían de ir bien en los tribunales, hubiera bastado. Pero pasar de ahí a mostrarse “convencido” de su inocencia, fue ir más allá –creo– de lo razonable y oportuno en un asunto que está sub iudice y rodeado de no poca polémica.
Dentro de unos días, la infanta Cristina comparecerá ante el ávido juez Castro para aclarar su participación y responsabilidad en los tejemanejes dinerarios del Instituto Nóos. Lo hará como imputada, condición que en el imaginario popular lleva implícita una carga de condena, aunque en la consideración procesal no lo sea así.
Y mientras la fecha señalada llega, se ha suscitado un no pequeño debate sobre el modo y manera en que la infanta accederá hasta las dependencias del juzgado de Palma. Quienes vienen reclamado que lo ha de hacer como el común de los mortales invocan la igualad de todos ante la ley. Pasan éstos, no obstante, por alto que en realidad no se trataría de un “paseíllo” en igualdad de condiciones, sino de algo muy distinto y especial.
Fácil es de imaginar la algarabía que en tal caso se habría de producir, con cientos de manifestantes apostados en el itinerario bramando contra la infanta y con decenas de cámaras corriendo en tropel detrás de sus pasos. Aquello podría ser el desfile del escarnio más que otra cosa.
Por otra parte, conviene tener memoria. Y es que con una llegada y un acceso discretos al juzgado la infanta no quebraría ninguna igualdad, habida cuenta de que en función de las circunstancias a otros imputados e incluso a procesados y condenados se les aplica un tratamiento de excepción. ¿Por qué no a la infanta?
Además no deja de ser inconsecuente que muchos de quienes desde la clase política invocan tal igualdad ante la ley olviden que ellos mismos son desiguales, pues gozan del privilegio del aforamiento, en virtud del cual no están sometidos a los jueces y juzgados que les correspondería, sino a otros superiores.
Mundo adelante, existe también este privilegio procesal, pero para muy contados altos cargos institucionales. En España, sin embargo, los beneficiarios son legión. Desde el presidente del Gobierno hasta los diputados autonómicos. Unos diez mil. Y, encima, muchos de ellos reclaman igualdad ante la ley. Debe de ser sólo para otros.