UNA DECISIÓN OBLIGADA SOBRE EL SEGUNDO LHD PARA NAVANTIA

Las apuestas sobre el modelo de buque militar que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció que construiría Navantia deben orientarse necesariamente a un segundo LHD. No solo porque es la unidad con mayor capacidad operativa para cualquier Marina de Guerra que se interese por mejorar su capacidad operativa sino porque también ofrece mayores ventajas para los astilleros ferrolanos, que en este caso verían alejarse la discusión sobre el posible reparto de carga de trabajo con las factorías del sur si se opta por otra alternativa. La propuesta gana enteros si se tiene en cuenta que para la propia Armada Española este tipo de buque aparece como prioritario sobre cualquier otro, en especial tras la baja del “Príncipe de Asturias”. Y es que una hipotética, y necesariamente obligada, al menos de forma regular, inoperatividad del ahora existente, el “Juan Carlos I”, dejaría a las Fuerzas Navales del país en clara desventaja ante situaciones imprevistas.
Es precisamente la mencionada opción la que ahora reclama la mayor presión política posible, tanto por parte de la Xunta –que ya demostró su capacidad para abordar acciones encaminadas a la contratación del flotel para Pemex– como del Concello de Ferrol y del conjunto de los representantes sindicales, que por añadidura saben perfectamente que este encargo supone tanto un mayor valor añadido como una alternativa que garantiza una ocupación de la que carece el astillero ferrolano desde hace años. Incluso la recuperación de una parte significativa del empleo perdido en el área de subcontratas hallaría cierto resuello ante semejante encargo. No es precisamente el coste de la operación el principal escollo, dado que Industria, como ya hizo desde 1999, tiene capacidad suficiente para sufragar en forma de préstamo a la Armada tal proyecto. Una decisión que, como se sabe, dio ya sus frutos con las modernas F-100.
La construcción militar es la actividad más viable, pese a las circunstancias presupuestarias, para garantizar el futuro de los astilleros públicos y, concretamente, de los ferrolanos. Y es que el largo período de restricciones a los proyectos de ámbito civil impuesto a la antigua Astano no permite albergar ciertamente lecturas favorables, al menos de forma inmediata. La factoría de Fene está casi inoperativa merced tanto a la descapitalización de mano de obra como de técnicos que se ha venido acometiendo en los últimos veinte años y carece, al menos que se sepa, de propuestas que, a día de hoy, deberían estar ya en fase de desarrollo de cara al levantamiento del veto impuesto por Bruselas, para lo que apenas faltan ocho meses.
“Desarmada” la opción civil, solo la militar ofrece mínimos de confianza, cuando menos en el sentido más práctico, que no es otro que el de solventar tan elevadas cotas de desempleo como se han alcanzado en la zona.