Regenerar la Constitución

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El paso del tiempo no suele ser precisamente garantía de que todo lo que se haya hecho continúe funcionando, o satisfaciendo las necesidades de una sociedad. Se cumplen hoy treinta y cinco años de la aprobación de la actual Constitución Española. Tres lustros y medio en los que, evidentemente, ni este país es lo que era entonces ni la sociedad actual hace frente a las mismas necesidades que afrontábamos al término de la dictadura franquista. Es imposible, por no decir incongruente, que un texto que data de décadas atrás contemple supuestos actuales y garante los derechos de los individuos en los mismo términos, o situaciones, que lo hacía en el momento de su redacción.
Los acontecimientos de los últimos años demuestran que la Carta Magna española necesita una importante regeneración en aspectos que atañen, entre otros, a las libertades individuales, tales como las de manifestación o expresión y que cuestiones tan esenciales como el derecho a una vivienda digna prevalezcan efectivamente a favor del más perjudicado. El inmovilismo en el que se ha asentado el texto no es razonable, sobre todo cuando se tiene en cuenta que los argumentos esgrimidos a lo largo de los últimos años en contra de quienes defienden o apuestan por una actualización de sus contenidos chocan con el rechazo innato de los partidos que configuran la mayoría parlamentaria del país.
La modificación acometida para establecer un techo de gasto de la Administración pública demuestra que, cuando interesa y es necesario, ni los cambios constituyen un inconveniente ni la mayoría política –esta que va camino de asemejarse cada vez más a los gobiernos alternativos de Isabel II, en que liberales y conservadores se turnaban en el poder cada dos años– pone obstáculos a los mismos.
Dejando al margen cuestiones tan recurrentes como la del modelo de Estado, las últimas iniciativas del Gobierno en materia de seguridad evidencian una involución que evidentemente es cuestión constitucional. En un contexto de fuerte contestación social, exclusivamente generado por la grave situación económica, lo que menos cobijo tiene en un marco constitucional es la restricción. La restricción a la manifestación, a la capacidad de expresión de los individuos o las sociedades, va en contra de que el texto en el que basa nuestra convivencia sea verdadero garante de la misma. El inmovilismo, como se ha visto, queda en manos de las grandes formaciones políticas, aquellas a las que más ha favorecido el sistema, y únicamente parece orientado a mantener un status de definición del país que excluya cuestiones como las que plantean los nacionalismos. En un momento de máxima presión, el temor a esa regeneración, que tendría que estar basada como toda constitución democrática en la libertad del individuo, es lo que alimenta precisamente la negación al cambio.

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