La Xunta se adhiere a la decisión de la Abogacía del Estado de no recurrir la sentencia de Meirás

Cascada de reacciones a la decisión de la Abogacía del Estado de no recurrir las sentencia de Meirás. El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, indicó que el dictamen da “cumplida razón” a las tesis planteadas por esta parte, “que es que As Torres de Meirás son del Estado”. En este sentido, incidió en que es “técnicamente favorable a los intereses del Estado pues confirma que la propiedad es pública”, pero evitó valorar si los herederos del dictador actuaron de “buena fe”, frente a lo argumentado por la magistrada de Primera Instancia de A Coruña. “No comparto ni dejo de compartir”, expuso Losada, que rechaza que la sentencia abra la posibilidad a que puedan volver al inmueble hasta que reciban la indemnización por parte de la Administración del Estado“.

Por su parte, desde la Xunta indicaron que el Ejecutivo autonómico “vén adheríndose ás diferentes decisións da Avogacía do Estado dentro deste proceso” y “tamén neste caso, tras a sentenza da Audiencia Provincial da Coruña, que a Abogacía do Estado entende que non se debe recorrer”, explicaron desde la Consellería de Cultura. Hasta el momento, son los únicos que acatan lo decidido por Madrid. Porque tanto la Diputación de A Coruña como el Ayutamiento de Sada apuestan por recurrir, lo mismo que el PSdeG y BNG.

El presidente de la institución provincial, Valentín González Formoso, anunció que los servicios jurídicos del organismo estudian recurrir la sentencia de la Audiencia de A Coruña. “Si existe alguna posibilidad de recurrir, recurriremos”, aseguró el dirigente de socialista añadiendo que cree que los coruñeses “no van a entender” que haya que pagar a una familia “que se lucró del uso de un espacio que es claramente público” como Meirás.

Tras descartar la Abogacía del Estado el recurso por entender que la sentencia es “favorable” a sus intereses, González Formoso confirmó que los abogados de la Diputación de A Coruña están analizando la “parte técnico jurídica” porque, dijo, “no podemos asumir aún encima tener que indemnizarlos por una actitud que no fue responsable con la sociedad” y que, en todo caso, “deberían pedir perdón por hacer un uso indebido a un espacio que a todas luces era público”, añadió el presidente desde Mariñán.

En términos similares se expresó el Ayuntamiento de Sada, que consideró “inaudito” que la Abogacía del Estado no recurra la sentencia que obliga a indemnizar a los Franco y le pidió que “rectifique” y que se ofrezcan “explicaciones públicas” de las razones “por las que el Estado tolera pasivamente” la condición posesoria de buena fe de los Franco.