La mitad de los jueces y fiscales se suman en Galicia a una huelga que se deja sentir

De “éxito rotundo” también en Galicia. Así califican asociaciones convocantes el resultado de este paro en la comunidad, donde calculan que el porcentaje de seguimiento es similar al de España y que en torno a la mitad de jueces y fiscales habrán participado en la huelga, con una “fuerte” afección a los juzgados, en los que solo se celebraron procedimientos importantes de medidas cautelares o juicios con preso.

Fuentes judiciales reivindican el “éxito” que supone que la mitad del colectivo de la carrera judicial “se ponga en huelga en Galicia y España”. Ahora esperan “una reflexión” por parte del Gobierno y que haya pasos, o habrá que analizar qué nuevas medidas.

Precisamente sobre esta huelga fue preguntado este martes, tras la reunión de la Comisión Mixta con la Xunta, el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, quien aseguró que “tiene que comprender” la decisión que adopten sus compañeros porque “es motivada”.

“No es de hoy, es de hace tiempo que los jueces reclamen inversiones y reformas legales, no solo de tipo corporativo como retributivas, sino también de funcionamiento judicial y de inversiones para que se pueda modernizar la Administración de Justicia”, ha esgrimido Cadenas, quien ha remarcado que, pese a las “dudas” acerca de que este colectivo pueda hacer huelga, no es el primer paro que hay.

“También hubo huelgas de jueces en 2009 y 2013. Las dudas jurídicas siguen estando ahí, así que el Consejo General del Poder judicial no tiene por formalizado el paro ni fija servicios mínimos, sino que es el propio comité de huelga el que los ha establecido”, detalló, antes de concretar que, al final de la mañana, unos 170 jueces de los más de 300 que hay en Galicia habían notificado que hacían huelga.
Cadenas remarcó que el derecho a huelga es “un derecho individual” y que, en consecuencia, “tan legítimo” es que un juez decida hacerla como quien opta por trabajar.

En el ámbito estatal, los presidentes de los tribunales superiores de justicia emitieron una declaración en el que, tras precisar que su posición institucional les impide sumarse a las medidas de presión colectivas activadas en su ámbito profesional, sí se solidarizan con las asociaciones.