El juzgado de los ERE inicia el proceso de embargo a Magdalena Álvarez

El juzgado del caso los ERE emprendió el proceso para embargar a la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez para cubrir su fianza civil de 29.568.129 euros.
El juzgado dice que una vez transcurrido el plazo sin que Álvarez haya asegurado las cantidades reclamadas, le concede diez días para que designe bienes de su propiedad que embargar hasta totalizar la fianza fijada.
La interesada deberá indicar las cargas y gravámenes que pesen sobre esos bienes y, en caso de inmuebles, si están ocupados y con qué título. Precisa la secretaria judicial que, transcurrido dicho plazo, el juzgado emprenderá el proceso para la búsqueda integral de bienes a través de los mecanismos legales.
La misma medida se toma respecto al exviceconsejero de Hacienda José Salgueiro, que debe depositar una fianza civil de 22.176.096 euros, y el ex secretario general técnico del mismo departamento Antonio Estepa, con una fianza de 8.870.438.
La juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, impuso esa fianza a Álvarez como una de las presuntas artífices de un sistema ilegal de ayudas que perduró más de una década y calculó esa cifra “grosso modo” teniendo en cuenta las ayudas concedidas hasta el 31 de diciembre de 2003 y puesto que Álvarez ocupó el cargo de consejera de Economía de la Junta desde 1994 hasta febrero de 2004.
Álvarez recurrió la fianza, al igual que tiene recurrida su imputación en el caso, porque considera que la fijación de tal cantidad se basa en prejuicios y una supuesta “confabulación masiva” de todo el gobierno andaluz, en una actitud que “atenta contra la garantía esencial de la inocencia y supone un desbordamiento manifiesto del papel que el sistema jurídico impone al juez instructor”.
El recurso no paraliza la obligación de pago y, en caso de incumplimiento, el posterior embargo de sus bienes.
Este proceso se ha llevado a cabo ya con buena parte de los 145 imputados por los ERE, a los que el juzgado ha embargado pisos y fincas de su propiedad, cuentas bancarias, las devoluciones de la Agencia Tributaria, coches y motocicletas.
Hasta ahora, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, encargada de todos los recursos sobre los ERE, confirmó las decisiones de Alaya sobre las fianzas civiles, entre ellas los 807 millones de euros impuestos al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, la más alta del caso pues respondía a todas las ayudas pagadas con la partida 31L entre 2001 y 2010.