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martes | 30 abril | 2024
El Gobierno debatirá con las fuerzas políticas cómo incluir en la nueva Ley de Transparencia a la Casa del Rey, pero debido a las particularidades derivadas del hecho de que no se trata de una administración pública más, tendrá un tratamiento similar al de las Cortes o el Poder Judicial.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó ayer en rueda de prensa que hace dos meses que el Ejecutivo mantiene “contactos” con la Casa Real para abordar su inclusión en la nueva normativa, algo que la Jefatura del Estado ve con “buenos ojos” y para lo que tiene “máxima disposición”.
La Casa del Rey, insistió, “manifestó desde el primer momento su voluntad de encontrar una fórmula para someterse a esa Ley de Transparencia”, explicó la vicepresidenta, una vez que el Congreso aprobó una resolución a favor del sometimiento de todas las instituciones, tras el debate del estado de la nación.
Ello se tradujo en que han trabajado intensa y “activamente” y con “absoluta colaboración” desde la Jefatura del Estado.
Eso sí, Sáenz de Santamaría hizo hincapié en que al no ser una administración pública, tiene que incluirse “de una manera similar o con un tratamiento equivalente” al que tendrán otras instituciones del Estado, en referencia al Parlamento, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial.
Y en ello se está trabajando en los últimos meses, en unas conversaciones de cuyo resultado va a informar el Gobierno a los grupos parlamentarios la próxima semana.
Será el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, quien se encargue de esta tarea, primero con el grupo parlamentario socialista, aclaró la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Aunque no concretó cómo se traducirán las “particularidades” que afectan a la Casa Real en la nueva norma, en tramitación parlamentaria desde septiembre, sí subrayó que su régimen económico viene determinado en la Constitución, concretamente en su título segundo.
También que se trata de encontrar “un sistema” de igual manera que debe hacerse para las otras instituciones que no son administraciones públicas; la ley incluye en este ámbito al Congreso, al Senado, el Constitucional o el Defensor del Pueblo.
