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martes | 30 abril | 2024
Los problemas del Ayuntamiento para que diversas empresas cumplan las condiciones de los contratos que les fueron adjudicados centraron buena parte del pleno. Los grupos de la oposición exigieron a la Marea mayor dureza con las compañías y que realicen un seguimiento más exhaustivo para que estos hechos no se repitan. Además, también se puso de relieve la situación de la Concejalía de Justicia Social, que provoca quejas del personal y en la que más de la mitad de los funcionarios están de baja.
En los últimos meses, al Gobierno local le surgieron problemas con diversas compañías concesionarias de contratos municipales cuyos empleados denunciaron que se incumplían algunas de las condiciones, incluida la no subrogación de algunos de ellos cuando se trata de una nueva empresa la que se hace cargo del servicio.
Las limpiadoras de colegios públicos, los empleados de atención al público de los Museos Científicos o los conserjes de centros cívicos, fueron algunos de los últimos ejemplos.
El primer momento en el que se abordó esta cuestión fue a través de una moción presentada por el Bloque Nacionalista Galego, que pretendía denunciar la situación de vulneración de los derechos laborales a la que entienden que están siendo sometidos los trabajadores de la empresa Clece, encargada del Servicio de Ayuda a Domicilio municipal. La compañía presentó antes de la sesión un escrito en su defensa y advirtiendo de posibles consecuencias legales en caso de aprobarse dicha iniciativa.
El BNG reclamó al Gobierno municipal que haga un seguimiento de estas quejas de los trabajadores, que desde hace semanas se vienen concentrando puntualmente delante del Ayuntamiento por los incumplimientos que dicen sufrir por parte de la compañía.
El Partido Socialista apoyó la propuesta de la formación nacionalista y culpó de estas incidencias en el Servicio de Ayuda a Domicilio a los problemas de personal en la Concejalía de Justicia Social. “A falta de persoal determina que non se faga un adecuado seguimiento e só se coñecen as irregularidades cando son denunciadas”, explicó el concejal José Manuel Dapena, quien recordó que recientemente una trabajadora social escribió una carta a su colegio profesional por el “clima de crispación” del área y el “maltrato institucional” al que se siente sometida.
“Non se pode tolerar que isto continúe no sector privado nin dentro da concellería de Servicios Sociais. O pleno non pode permanecer alleo a estos problemas”, concluyó el edil.
No se “hace nada”
Por su parte, el edil del Partido Popular Miguel Lorenzo destacó que “llama la atención” que todos estos problemas con trabajadores surjan cuando la Marea Atlántica está al frente del Gobierno local después de defender que la protección de los trabajadores iba a ser una de sus prioridades, mientras que cree que desde el Ayuntamiento no se “hace nada”.
La concejala Silvia Cameán fue la encargada de defender la postura del Gobierno municipal y volvió a escudarse en la Ley Montoro como la causa por la cual se están produciendo problemas de personal dentro de la concejalía de Justicia Social.
Además, Cameán explicó que desde el Consistorio ya se actuó en contra de la compañía en el pasado, a la que después de dar “confianza e unha marxe de tempo”, se le realizó una “esixencia de responsabilidades que rematou cunha sanción económica”. “Non nos inhibimos xamais e non o imos facer, continuaremos facendo un control de seguimiento”, concluyó la concejala su alegato en una moción que fue aprobada con unanimidad.
Más explicaciones
Con todo, los grupos de la oposición devolvieron estas cuestiones a la sesión plenaria durante el turno de las preguntas orales, reclamando explicaciones al Gobierno municipal.
Avia Veira y Rosa Gallego pidieron al Consistorio que explique qué valor están teniendo las cláusulas sociales que incluye la Marea en los contratos a tenor de las protestas. La edila Eugenia Vieito explicó que son útiles para garantizar los derechos de los trabajadores y a la hora de reclamar.
Mientras, el edil José Manuel Sande destacó que los problemas surgidos se fueron resolviendo y esquivó aportar más explicaciones centrando su intervención en que el Ayuntamiento se posiciona de la parte de los empleados en los conflictos.
Además, la oposición solicitó el final de los problemas en el área de Justicia Social. La concejala Silvia Cameán aseguró que desde el Ayuntamiento atenderán las demandas de las trabajadoras y que ella no recibió ninguna carta procedente de funcionarias. Además, derivó responsabilidades hacia el anterior mandato popular como el origen de los problemas en el área, algo que fue criticado por la socialista Mar Barcón por no haber propuesto un cambio si está en desacuerdo. l
