La polémica provocada por la compra de dos pisos a un afín a la Marea que no cumplían algunas de las bases del programa municipal llega en un momento delicado para el Gobierno local y que puede tener consecuencias importantes. Las explicaciones aportadas por los implicados en el asunto, los concejales Xiao Varela y Alberto Lema, no acaban de convencer en la oposición hasta el momento y por ello se han solicitado nuevas medidas para aclarar lo sucedido.

Así, se está a la espera de que la asesoría jurídica culmine el informe que se le encargó después de la celebración de las primeras comisiones. Sin embargo, esta actuación no es suficiente para algunos grupos de la oposición como el PP, que también pidió un pleno extraordinario. Por ahora tuvieron lugar dos reuniones de la Comisión de Transparencia y una de la de Regeneración Urbana, pero las razones expuestas no variaron la situación. La formación encabezada por Rosa Gallego ha sido la más crítica con el Gobierno municipal durante toda la polémica y consideran que la única solución posible es la anulación de las compraventas de los pisos ubicados en las calles de Joaquín Martín Martínez y Santander, propiedad de un afín a la Marea Atlántica y colaborador del Ayuntamiento de Barcelona.

Comicios
El momento en el que ha surgido esta polémica tampoco ha acompañado al Gobierno local. En apenas catorce meses tendrán lugar las elecciones municipales, a las que el alcalde, Xulio Ferreiro, ya ha mostrado su predisposición a presentarse siempre y cuando cuente con el respaldo del resto de su formación y de que se mantengan las premisas con las que se creó la Marea Atlántica. Todavía se desconoce la lista con la que acudirá la formación a los comicios y este asunto, dependiendo de cómo finalice, puede tener consecuencias que podrían perjudicar a los implicados.

En este sentido, la Rede, órgano que se encarga de tomar las decisiones en el seno de la Marea, acaba de aprobar diversas modificaciones entre las que se cambian algunos de los aspectos principales que se establecieron en el momento de su creación. El momento en el que se produce la polémica coincide poco después de la aprobación del presupuesto de la ciudad.
Este año, el Gobierno local puede hacer uso de las cuentas municipales desde el segundo mes del año, un avance con respecto a los dos ejercicios anteriores en los que no fue hasta mayo cuando esto fue posible. Las facilidades otorgadas por el PSOE permitieron la mejora en los tiempos, aunque sin problemas externos, el Ayuntamiento tampoco fue capaz de tenerlo listo el 1 de enero.

El PSOE facilitó la aprobación de las cuentas al Gobierno local con la intención de que la Marea no se pueda escudar en que no contó con el presupuesto hasta la mitad del año en caso de que el nivel de ejecución sea bajo o que no se ejecuten las partidas. En este ejercicio el Ayuntamiento podría haber empezado a poner en marcha los proyectos del presupuesto, pero un mes después de su entrada en vigor no se realizó ningún anuncio.
Esta ausencia de anuncios puede que no sea achacable a la polémica de los pisos y que ya estuviese planificada antes de que todo sucediese. También cabe la posibilidad de que la polémica provocase que algunos asuntos hayan sido pospuestos de cara a intentar evitar una exposición pública continua tanto de los implicados como del alcalde.