La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ordenó el derribo de una vivienda unifamiliar en Betanzos. La entidad autonómica ha constatado que esta sentencia fue acatada y ejecutada de manera voluntaria por los propietarios de esta casa.
El inmueble, explican, estaba en construcción en una parcela calificada como suelo rústico de protección ordinaria y no contaba con las autorizaciones exigidas.
Además de la vivienda, los propietarias tuvieron que derribar otra vivienda prefabricada y la caseta de obra, ya que “este tipo de edificacións están totalmente prohibidas”.

Los plazos
Desde la APLU indican que el expediente de esta construcción se resolvió en 2013, cuando notificaron a los propietarios que la construcción era ilegal.
A continuación, los afectados procedieron a interponer un recurso de reposición desestimado en septiembre de 2014. Un trámite que fue desestimado por la agencia.
Ante esta situación, el interesado optó por proceder a la demolición de la edificación. Con esta decisión evitó las multas coercitivas y, con ello, la imposición de sanciones.
A juicio de la APLU este tipo de actitudes “demostran que cada vez máis a sociedade é consciente da necesidade de coidar e protexer o territorio galego fronte aos delitos urbanísticos, asumindo a parte de responsabilidadesta labor”.