Derecho a Morir Dignamente exige la divulgación del registro de instrucciones previas

Se postulan siempre a favor de la vida, pero de una vida que merezca la pena. Por eso, la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente aplaudió en julio la aprobación de la Lei de Dereitos e Garantías da dignidade das persoas enfermas terminais, que se puso en marcha en Galicia en agosto. 
Tres meses más tarde, exigen lo que esa norma promulga ya que en uno de los puntos se comprometen desde la administración a difundir el registro de instrucciones previas entre la población y a día de hoy, su presidenta en Galicia, Emilia Irimia, asegura que no han comenzado. 
Este testamento vivo es fundamental, según el colectivo, para asegurar el desenlace que uno quiere. El escrito también disipa dudas entre los familiares y, sobre todo, entre el personal médico, que desde 2002 con la Ley de la Autonomía del Paciente no es el único responsable de la última decisión cuando ya se han agotado todas las posibilidades de vida. Es por eso que la asociación reclama la presencia de profesionales en los centros de salud que informen de primera mano sobre la importancia de tener en regla este documento que los facultativos se ven obligados a consultar en caso de que el paciente pierda su capacidad para expresarse. 
De no hacerlo, él mismo puede cambiar las instrucciones sobre la marcha. Porque “no hay un sitio donde el enfermo se informe del testamento vital”, señala, la asociación organiza charlas con tal efecto y recuerda que desde 2014, ya no es necesario que este sea registrado ante notario, con el consiguiente desembolso monetario, ni tampoco es obligatorio llevar a tres testigos de la mano. 
Hoy en día, Emilia explica que existe la opción de formalizarlo en Sanidad ante los ojos de un funcionario. En A Coruña, los usuarios pueden acudir a la jefatura territorial situada en Durán Loriga, 3. Allí, dejarán constancia de lo que querrían llegado el caso de no poder comunicarlo. 
En la actualidad, el colectivo, que aspira a que la ley amplíe la opción de escoger a personas que no están en fase terminal, trata de facilitar las cosas a los que descargan el formulario a través de www.sergas.es porque puede dar lugar a equivocaciones: “He ido a conferencias donde me han dicho que eligieron sin querer lo contrario a lo que pensaban”. 
Otra de las cuestiones que destaca Emilia es la posibilidad de que todos los gallegos tengan a disposición los cuidados paliativos tanto si están hospitalizados como si están en sus casas y señala que aunque lo ideal sería morir en los domicilios, el miedo a no tener controlado al enfermo por parte de sus familiares y la imposibilidad de cuidarlo por culpa del trabajo hacen que la mayoría pasen sus últimos días ingresados en un centro. 
Por su asociación son muchos los familiares que pasan a pedir información: “Los médicos nos solicitan el contenido de la ley también” y lamenta que la normativa no evolucione al mismo ritmo que la sociedad, cuando a día de hoy, según Emilia, el acceso a una muerte digna para los casos que no son terminales se limita a “personas con acceso a un capital social, con conocidos en la clase médica o que pueden permitirse ir a Suiza donde está permitido la eutanasia a los extranjeros”.