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martes | 30 abril | 2024
El Consejo de Ministros ha modificado hoy el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) que permitirá a la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) solicitar la renovación de su licencia y su posible reapertura antes del próximo 6 de julio.
La modificación introduce la posibilidad de que, tras la declaración del cese de actividad de una instalación nuclear, su titular pueda solicitar la renovación de la autorización de explotación, "salvo que existan razones de seguridad que lo impidan y siempre que no haya transcurrido más de un año desde la declaración del cese".
EL Gobierno, a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ha dado luz verde además a un Real Decreto que aprueba el Plan General de Residuos Radiactivos que aplicará el principio de reducir la generación de residuos radiactivos "al mínimo posible", además de cargar el coste de su gestión y la responsabilidad principal de los mismos "a quienes los hayan generado".
Además, este plan recogerá las estrategias y actuaciones para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, así como el desmantelamiento y clausura de instalaciones nucleares.
La financiación se llevará a cabo a través del Fondo para la financiación de actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, gestionado por la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (ENRESA) y que se seguirá dotando de las tasas abonadas por los titulares de las instalaciones que generen los residuos.
El Real Decreto establece que le corresponde a ENRESA la gestión de los residuos radiactivos y el combustible nuclear gastado, así como el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares.
Los residuos radiactivos generados en España serán almacenados definitivamente en el país, salvo que exista un acuerdo con otro Estado miembro de la Unión Europea o un tercer país, a fin de utilizar una instalación de almacenamiento definitivo en uno de ellos.
La central nuclear de Santa María de Garoña cerró sus puertas el pasado 6 de julio tras un ajetreada última etapa en la que tan pronto se sucedían los anuncios de su cierre como los de su prórroga.
En 2009, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero prorrogó el permiso por cuatro años y fijó el cese de su explotación el 6 de julio de 2013.
Sin embargo, en julio de 2012 el Gobierno del Partido Popular modificó el decreto de cierre y concedió a la empresa propietaria (Nuclenor) un plazo hasta el 6 de septiembre para solicitar formalmente la prórroga de actividad hasta 2019.
La empresa decidió no presentar la solicitud por motivos económicos, debido al elevado coste de las inversiones para seguir operando y, sobre todo, los nuevos impuestos, y en diciembre de 2012 optó por cerrar la planta.
Tras el cambio legislativo aprobado por el Gobierno, el Foro de la Industria Nuclear Española, asociación que representa a la industria nuclear, ha calificado la norma de "positiva, sin perjuicio de las decisiones que las empresas propietarias de las centrales nucleares puedan adoptar al respecto".
La empresa Nuclenor, propietaria de Garoña que está integrada por Endesa e Iberdrola, considera "muy positiva" la reforma del Reglamento, al tiempo que recuerda que será el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el encargado de evaluar las condiciones de las centrales que soliciten la renovación de los permisos y establezcan los requisitos.
Una vez conocido el contenido de la reforma aprobada hoy, Nuclenor evaluará las nuevas condiciones para solicitar la renovación de Garoña, pero no realizará ningún pronunciamiento añadido a este comunicado.
El alcalde del Valle de Tobalina, donde se encuentra la central, Rafael González (PP), ha pedido "una definición clara" sobre el futuro de la planta nuclear "tras dos años de incertidumbre".
Para el regidor, que es también trabajador de la planta nuclear, la aprobación del reglamento supone "un primer paso", aunque ha reconocido que el futuro de la instalación sigue pendiente de lo que diga la empresa propietaria, Nuclenor.
Sin embargo, la ONG Ecologistas en Acción argumenta que la reforma es "una nueva cesión a las empresas eléctricas" y que "abre un importante boquete" en su seguridad.
