La Audiencia Nacional ha accedido hoy a entregar a Estados Unidos a Arthur Budovsky, fundador y máximo responsable de Liberty Reserve, considerada la plataforma financiera del cibercrimen a la que se le atribuye el blanqueo de más de 6.000 millones de dólares.

La sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión en un auto en el que rechaza las alegaciones de Budovsky, que atribuyó el proceso contra él a una "caza de brujas" para "destruir la competencia" de los servicios web del tipo de Liberty Reserve.

Contra esta resolución del tribunal cabe recurso ante el Pleno de la Sala de lo Penal, aunque la última decisión sobre la entrega de Budovsky, reclamado por EEUU por un delito de blanqueo de capitales, corresponde al Consejo de Ministros.

Según el tribunal, se cumplen todos los requisitos para acceder a la extradición porque se trata de un delito común, no se advierte motivación espuria en la reclamación, los hechos no han prescrito y no cabe discutir la jurisdicción de las autoridades estadounidenses atendido el principio de territorialidad, al haberse cometido parte de los hechos en el citado país.

Respecto al argumento de la defensa de Budovsky sobre la falta de cooperación de EEUU en otros procedimientos como ocurre en el caso Couso, en el que las autoridades estadounidenses no entregan a los militares supuestamente responsables de la muerte del cámara de televisión en Iraq, la Sala responde que la reciprocidad "no se mide por la existencia de una, dos o tres denegaciones".

Además entiende que este ejemplo "no es equiparable, ni constituye antecedente alegable en este procedimiento, al tratarse en aquel caso de la solicitud de extradición de un nacional".

Durante la vista de extradición, el pasado 27 de enero, Budovsky, estadounidense de origen ucranio y que cambió su nacionalidad por la costarricense en julio de 2011, sostuvo no haber sabido nunca "que alguno de los clientes de la empresa fuera un delincuente".

Aseguró que Liberty Reserve, con sede en Costa Rica, fue creada con "un sistema de tolerancia cero al abuso" y que ante cualquier "sospecha" de irregularidades se informó a las autoridades competentes.

El presunto líder de esta plataforma aseguró que "la compañía y el software se idearon solamente para recibir transferencias bancarias", unas transferencias que la Policía cree que realizaban ciberdelincuentes a través de esta plataforma, que se publicitaba en internet como "el mayor procesador de pagos y de transferencias económicas".

El líder de Liberty Reserve fue detenido en el aeropuerto de Barajas junto a su presunto lugarteniente -Azzeddine El Amine, de origen marroquí y también de nacionalidad costarricense- cuando se encontraban de tránsito procedentes de un vuelo de Marruecos y con destino a Costa Rica, sede de Liberty Reserve.

La detención de ambos se produjo en el marco de la mayor operación contra el blanqueo de dinero realizada conjuntamente con las autoridades judiciales y policiales de Estados Unidos, y que culminó con registros en diferentes países y cinco detenciones: dos en Madrid, dos en Estados Unidos y una en Costa Rica.

Se calcula que el entramado desarticulado habría efectuado más de 55 millones de transacciones ilegales en todo el mundo, cuyo importe superaría los 6.000 millones de dólares procedentes de delitos relacionados con el fraude financiero, piratería informática, tráfico de drogas y pornografía infantil.

La historia de Liberty Reserve en Costa Rica empezó en 2009 con una serie de transacciones detectadas como sospechosas por el sistema bancario nacional, que en 2011 derivaron en una investigación del ministerio público.

Aun así, la organización siguió funcionando por medio de "compañías pantalla".

A la investigación se sumaron después otros países, especialmente Estados Unidos, cuyas autoridades entregaron una comisión rogatoria internacional a España para investigar las actividades de los dos máximos responsables de la empresa, que mantenían cuentas en entidades bancarias de nuestro país.