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martes | 30 abril | 2024
Las decisiones políticas tomadas para dirimir el futuro de la empresa mixta Augarsa –que terminará por desaparecer– supusieron a su vez la implicación de tres funcionarios. Estos tres trabajadores públicos recibirán por los servicios prestados un total de 26.650 euros. Una cantidad que desde el Ayuntamiento de Arteixo explican que tendrá que abonar la propia sociedad.
El proceso de liquidación de Augarsa corre a cargo de tres personas: una de la parte pública, otra de la parte privada y el último auditor de la empresa mixta. La decisión de intervenir el servicio llevó parejo el nombramiento de un funcionario para la gestión del día. Estos dos trabajadores públicos cuentan a su vez con el asesoramiento del interventor municipal.
Estimación
Los más de 26.500 euros que cobrarán se repartirá en seis meses, tiempo que calculan desde el gobierno local que se prolongará el proceso de disolución.
En el caso del interventor técnico del servicio, la estimación efectuada por el Ayuntamiento es que tendrá que emplear 80 horas al mes para encargarse de la gestión del servicio.
Este extra de trabajo le supondrá 1.776 euros al mes. Lo que, multiplicado por seis mensualidades, supone un montante de 10.660,80 euros.
El liquidador municipal le dedicará 60 horas al mes, por lo que le tendrán que abonar 1.332,60 euros. Después del plazo fijado (en julio) habrá ingresado 7.99,60 euros. Esta misma regla de tres han aplicado desde el gobierno local en el caso del interventor municipal, que será quien se encargue de asesorar a los otros dos empleados.
Todas estas cuantías fueron aprobadas en junta de gobierno el pasado mes de marzo. En este punto, desde el gobierno local explican que este cobro se computa desde enero, cuando el consejo de administración aprobó la liquidación de Augarsa. Matizan, a mayores, que el acuerdo se llevó a junta de gobierno porque el Ayuntamiento tendrá que adelantar el pago de las horas extra.
Sin embargo, desde el ejecutivo municipal añaden que se incluirá en el cómputo de los gastos de la sociedad, “al igual que los liquidadores privados”, ya que las nuevas responsabilidades atribuidas a los funcionarios, supone “que trabajen para la empresa”, concluyen.
