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martes | 30 abril | 2024
Los presupuestos de la Xunta de Galiciapara el año 2017 terminaron su debate en comisión con la incorporación de las cuatro enmiendas de carácter técnico del Partido Popular y la aceptación de solo una de la oposición, del BNG y relativa a la reducción de plazos para informar al Parlamento de modificaciones en las cuentas.
Ayer, en la Comisión de Economía, concluyó el debate por secciones que ya comenzó el jueves, después de la aprobación de la enmienda del Bloque en el apartado relativo al articulado de la ley. La sesión terminó con el artículo 2, el que se corresponde con las cantidades de ingresos y gastos en el presupuesto.
“Estos presupuestos reflejan el hecho de que dejamos atrás la recesión”, reivindicó el portavoz parlamentario de los populares gallegos, Pedro Puy, en su intervención ante el resto de los grupos, a los que rechazó su propuesta “generalizada” de subida de impuestos al entender que “está mal calculada”.
Por parte de En Marea, su portavoz en el Pazo do Hórreo, Luís Villares, asumió que “al final de todo el proceso” a su grupo no le queda “más remedio que denunciar ese muro de incomprensión” del PP “ante iniciativas que son razonables”.
Por su parte, el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, cuestionó “la voluntad de pacto” expresada por el PP, toda vez que “no aceptó ninguna enmienda” a las cifras consignadas en los presupuestos autonómicos. “Demuestra su talante”, juzgó el socialista.
Preguntado por este punto, el portavoz del PPdeG, Pedro Puy, en la Cámara replicó que “hubo intento de estudio y de análisis de cada una de las consecuencias”, así que aseguró que si no se aceptó más que una “fue porque no fue posible” y “no por falta de diálogo”.
Dentro de la comisión, el diputado del PSOE Abel Losadamostró su rechazo a las cuentas al identificar su “parte más débil” en la intención de “corregir los efectos de las políticas procíclicas” aplicadas en los últimos años.
“Es el momento de corregir esos efectos”, subrayó, antes de reclamar también medidas que redunden en empleos de mayor calidad y para luchar contra la pobreza.
Mientras, Olalla Rodil, del BNG, recordó que los nacionalistas discrepan “de raíz” con este proyecto, al recalcar que “habría que aplicar otra política fiscal” para que el Ejecutivo autonómico contase con “más capacidad económica para blindar servicios públicos” y llevar a cabo “políticas de desarrollo económico”.
