"Primero vamos a arreglar las deficiencias del comedor y después sacaremos a concurso la concesión”, explica el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, en referencia al restaurante del Monticaño. Las instalaciones hosteleras del principal pulmón verde de Pastoriza consisten en una cafetería y un restaurante. Los recintos comenzaron su andadura en 2003, cuando los cogieron los primeros gerentes y el contrato finalizó el año pasado. La adjudicación finalizó el junio pero dieron “prórroga hasta diciembre para poder terminar los compromisos” que había adquirido la gerencia, como explica Enrique Ribero, que hasta hace unos meses regentaba el local.

Lamenta que el gobierno municipal no diese permiso para celebrar Fin de Año, después de ocho años llevando las instalaciones. Desde enero, los propietarios han tenido que colgar el cartel de cerrado “por decisión del Concello”, como explican en la puerta del restaurante.

Despidos > El Ayuntamiento decidió no seguir concediendo prórrogas para las instalaciones a pesar de que los adjudicatarios solicitaron al gobierno local que les permitiese continuar con el negocio hasta que saliese el concurso y no tener que despedir al así al personal. “Nos dijeron que sería irregular”, lamenta Ribero, que añade que desde la administración arteixana le expusieron la intención de llevar a cabo obras en el comedor del restaurante.

Entonces, le propusieron al gobierno local que les permitiese mantener abierta la cafetería pero la respuesta fue negativa y el parque se quedó “sin ningún tipo de servicio”, expone Ribero.

“Es una lástima porque con la cafetería podíamos mantener al personal y no despedirlos. Ahora están a la espera de la nueva concesionaria, por la posible subrogación”, manifiesta. Un tema, aclara, que los trabajadores están indagando.

Por otro lado, respecto al mantenimiento del parque (del que Ribero subraya que nada tiene que ver con la concesión de los recintos hosteleros) el mandatario arteixán asegura que “en breve” sacará también a concurso estas tareas.

Después de que estos trabajos los ejercieran de manera “irregular” socios de APEM (Asociación pro Enfermos Mentales), tal y como denunciaba en agosto el gobierno local, la intención del Ayuntamiento es que sea una empresa la que lleve a cabo estas labores. En el pliego, apunta, se incluirá una cláusula para que la adjudicataria cuente con los trabajadores discapacitados.