La formación política Candidatura do Povo ha presentado hoy una querella en la que solicita personarse como parte perjudicada en la Operación Pokemon.
En caso de que no se estime acreditada la condición de la organización Candidatura do Povo como perjudicada en dicho procedimiento, sus responsables reclaman que se admita su personamiento a efectos de ejercer como acción popular.
La querella ha sido presentada hoy en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, que instruye la Operación Pokemon, según anunciaron esta mañana en rueda de prensa miembros de dicha formación.
La organización política expone que el Ayuntamiento de Santiago, "por orden del entonces alcalde Gerardo Conde Roa y de su jefe de gabinete Ángel Espadas, retiró carteles de la Candidatura do Povo que pedían la dimisión del alcalde".
"En una conversación entre ambos grabada el 11 de abril -se dice en la querella-, hablan de que van a montar un dispositivo policial para la declaración de Conde ante el juzgado 'ya que se va a montar follón', en relación con las denuncias públicas del partido Candidatura do Povo".
Se indica además que "la retirada de carteles de este partido político es sistemática y práctica habitual por el Ayuntamiento de Santiago, especialmente en periodos electorales".
Los responsables de Candidatura do Povo consideran que los hechos denunciados pueden ser constitutivos, entre otros, de los delitos de prevaricación, contra los derechos fundamentales o contra la Ley Electoral.
Fernando Alfaia, miembro de Candidatura do Povo, afirmó que "como perjudicados tenemos el derecho de comparecer en el procedimiento abierto y actuar en él como parte acusadora".
"Los efectos de comparecer en el procedimiento en una o en otra condición son los mismos: tenemos derecho a conocer el contenido de la investigación y el resultado de las mismas, y de asistir a la declaración de los imputados, de los testigos y de los peritos", así como "a formular escrito de acusación" en el juicio, dijo.
Ricardo Picanes, coordinador de Candidatura do Povo, exigió "la disolución absoluta" de la Corporación compostelana.
"Todos tenemos que ser conscientes de que estamos gobernados por delincuentes y corruptos, y que nos están llevando a la ruina. Sólo podemos liberarnos de esta lacra si tomamos conciencia de la obligación de que tenemos que echarlos de la Corporación definitivamente", añadió.
Picanes solicitó la apertura de una investigación "con fiscalización vecinal" sobre los contratos municipales de los últimos quince años.
La Operación Pokemon busca desmantelar una presunta trama de corrupción tejida a través de adjudicaciones públicas a empresas desde diferentes ayuntamientos.