El magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu requirió a Banco Popular los contratos de los expresidentes de la entidad Ángel Ron y Emilio Saracho, así como del resto de exconsejeros querellados entre los que se encuentra el inversor mexicano Antonio del Valle, en el marco de la causa que investiga las posibles irregularidades previas a la resolución de la entidad.
Así consta en una providencia judicial, en la que el juez Andreu solicita también una copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil que fue contratado para Ron por Popular, suscrito con CHBB European Group Limited, sucursal en España.

Responsabilidad civil
Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción Nº4 pide, de existir, las pólizas de seguros de responsabilidad civil del resto de exconsejeros querellados, además de Saracho.

Se trata de Roberto Higuera, José María Arias, Pedro Larena, Credit Mutuel, reyes Calderón, Helena Revoredo, José Ramón Estevez, la Sindicatura de Accionistas, Vicente Tarío, Jaime Ruiz, Carlos González, Vicente Pérez, Vitalino Nafría, Ana María Molins, Jorge Oroviogoicoechea, Francisco Aparicio, Francisco Gómez, Ignacio Sánchez Asiain, Antonio González–Adalid y Antonio del Valle.
La diligencia se produce a petición de Unive Abogados después de que Ron revelase en su recurso al embargo de parte del plan de pensiones que tenía suscrito con Allianz la existencia de una cláusula en su contrato con Popular que obligaba a la entidad a suscribir una póliza de seguros dirigida a cubrir las eventuales responsabilidades en que incurriera el expresidente en el ejercicio de su cargo, según Unive Abogados.

El juez Andreu abrió la causa que investiga posibles irregularidades previas a la resolución de Popular el pasado octubre, entre las que se incluye la ampliación de capital de 2.500 millones de 2016 o la etapa de Saracho al frente de la entidad.

Por otra parte, el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, dijo ayer que la decisión adoptada en Europa para el Banco Popular, que fue intervenido y posteriormente vendido al Banco Santander, ayudó a mantener la estabilidad financiera, y evitó dotar recursos públicos. Roldán hizo esta consideración durante la presentación de los resultados de la banca.