La Armada birmana interceptó una embarcación con 727 inmigrantes indocumentados a bordo en aguas frente al delta del río Irrawaddy, en la región central de Birmania (Myanmar), explicó el Ministerio de Información del país. Los irregulares, entre los que hay 45 niños y 74 mujeres, han sido trasladados a la isla de Haigyi y registrados como bengalíes.
En el mismo día de ayer, tenía lugar la reunión sobre la crisis migratoria en el Índico celebrada en Bangkok y que acabó con el compromiso firmado por los 17 países participantes de reforzar la seguridad y con algo de escepticismo por parte de las organizaciones garantes de los derechos humanos.
El comunicado final contempla además “promover el respeto total de los derechos humanos y adecuar el acceso a las personas a los derechos y servicios básicos, tales como vivienda, educación y sanidad”.
El documento evita, como querían las autoridades birmanas, la referencia directa a la etnia musulmana rohinyá, perseguida en partes de Birmania (Myanmar).
“Los objetivos son a largo plazo, pero muy necesarios (...) Una reunión no puede resolverlo todo, sería un milagro”, indicó el secretario permanente del Ministerio tailandés de Asuntos Exteriores, Norachit Sinhaseni.

Falta de mandatarios
Según fuentes invitadas a la reunión, la cita resultó “descafeinada” por la ausencia de importantes mandatarios y porque Birmania permaneció “a la defensiva”.
El subdirector de Human Rights Watch (HRW) para Asia, Phil Robertson, se mostró escéptico sobre los posibles avances tras una reunión de funcionarios de “bajo nivel” y por el “bloqueo” que ejerció Birmania para hablar de sus asuntos internos y que están “conectados” a la crisis.
“La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, a la que pertenece Birmania) debería presionar al Gobierno birmano sobre el asunto de los rohinyá (...) Al final de la jornada hay que analizar la raíz de los problemas y Birmania se opone”, apuntó Robertson.
El representante de HRW también instó a Indonesia, Malasia y Tailandia a facilitar el acceso a las agencias internacionales para determinar quiénes son víctimas del tráfico humano, quienes buscan asilo político y quienes son inmigrantes económicos.
“Los derechos humanos deben estar en el centro de la discusión de este tema”, opinó el activista, que acusó a las autoridades de “jugar al ping-pong” con las inmigrantes.
Unas 25.000 personas zarparon en barcos desde Bangladés y Birmania hacia Tailandia, Malasia e Indonesia durante el primer trimestre de 2015, el doble del número registrado en el mismo periodo del año pasado.