La Xunta incluye el centro de salud de Vilarrodís en un paquete de licitación público privada de 18 ambulatorios de toda Galicia. Para el socialista Martín Seco, el modelo elegido “multiplicará por cinco a xestión, que se se fixera pública”.

Esta afirmación llegó en medio del debate entre los concejales del gobierno y los del BNG y PSOE que presentaron en el pasado pleno una moción en apoyo de la plataforma SOS Sanidade Pública.

Para justificar el texto, las dos formaciones hicieron mención a unos recortes que “son apreciados por todos os usuarios. En nome desta crise estamos perdendo moitos dereitos, pero no DOG saen contratos publicitarios de máis de seis millóns de euros”, subrayó Silvia Seixas, del BNG.

En esta misma línea, el socialista recordó que un “34% do orzamento é un gran pastel para o sector privado”. Dicho esto, también aseguró que “ata o sistema de oposición estase a privatizar”.

“Rexeitamos as movilizacións da plataforma que responden a intereses políticas, non para mellorar a sanidade”, respondió Ana Bello, concejala de Sanidad. En relación con el modelo de gestión de Vilarrodís, Bello expuso que la Xunta buscaba “novas fórmulas de xestión para mellorar a efectividade. A construcción finánciase por unha empresa que será adxudicataria dos servizos relacionados durante un tempo para que lle compense”.

Ante el voto contrario del PP, Seixas recordó que en la actualidad, los centros de salud del municipio tienen otros problemas relacionados como el hecho de que “non se fan substitucións, ou coma o dos pediatras”, que tienen un ratio de niños superior al recomendado por especialista.

Por otro lado, Seco también llevó las dificultades del ambulatorio de Meicende con la calefacción. Aunque en un primer momento, el Ayuntamiento había dicho que el problema era el depósito y que esa era responsabilidad de la Consellería de Sanidade, el concejal de Obras, José Ramón Amado, señaló que fue necesario contratar la limpieza del depósito y el posterior “recheo de gasoil”, motivo por el que se tardaron tantas semanas en arreglar el problema con la caldera.

 Sin contestación > Tanto el PSOE como el BNG rogaron al gobierno local que respondiese a las preguntas que a lo largo de los últimos siete meses han ido formulando en el pleno. Seixas también pidió que se convocara una reunión para abordar el PGOM y recordó al alcalde que esta comisión nunca se había cobrado.

“Solicitei se se dera algunha licenza de derrubo en Meicende e respondéronme que non consta ningunha. Gustaríame saber se se derribou unha casa e se o alcalde e Ana Bello teñen coñecemento delo”, preguntó Seixas. Una cuestión que Calvelo señaló que contestaría por escrito.

A lo que sí respondió el mandatario fue a los gastos que llevó el PSOE al pleno. Unos 4.000 euros en publicidad, un informe sobre las licencias exprés de 2.300 euros o la adquisición de un IPAD para Personal y una propuesta de gasto de 1.600 euros para que dos concejales fuesen a Fitur.

Calvelo especificó que el viaje a Madrid finalmente había costado 600 euros y se había aprobado para que el municipio tuviera representación en la feria.

Sobre el IPAD, el edil de Seguridad Ciudadana expuso que se trataba de una herramienta para acceder al nuevo sistema informático con el que cuenta la Policía Local y que les ofrecerá cobertura en todo el municipio.

Respecto al informe externo sobre la ordenanza municipal, Castro manifestó que se trata “dunha cantidade barata en comparación con Vigo”, también aseguró que e informe se contrató atendiendo “ao mellor currículum, non por amizade”.

Sobre los contratos de publicidad, Calvelo reprobó a la oposición que criticasen esta cantidad cuando se trata de una partida para “ayudar a medios locales”.