• Sábado, 22 de Septiembre de 2018

La vía judicial del Banco Popular

La solución se prevé larga. El Banco Popular Español

La solución se prevé larga. El Banco Popular Español se funda en 1926 y se convierte en filial del Banco Santander el pasado mes de junio. La entidad era líder en el negocio de las pymes, al copar el 18% del segmento. Al parecer, a finales de 2016, los activos del Popular alcanzaban los 147.926 millones y se consideraba la sexta entidad financiera. Contaba con 1.739 oficinas y 11.948 empleados, así como una clientela de 4,6 millones de ciudadanos, empresarios e inversores.
A comienzos de junio de 2017 la entidad da un vuelco y la CNMV suspende la cotización de sus acciones en Bolsa, decisión que afecta a más de 300.000 accionistas. Esto origina numerosas reclamaciones por parte de estos últimos, al considerarse perjudicados en sus intereses. La Audiencia Nacional, por su parte, admite en julio de ese año un recurso de la OCU contra el resultado de la operación acordeón y en agosto es el Tribunal de Justicia de la UE el que también lo admite. Lo mismo que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que, bajo petición de la Fiscalía, admite las tres primeras querellas por la ampliación de capital llevada a efecto en 2016, contra Ángel Ron y Emilio Saracho, sus dos últimos presidentes.
El Popular sería la primera entidad que interviene la autoridad económica de la UE y a partir de ese instante comienza el rompecabezas bancario entre aquellas autoridades con un informe secreto del que todo el mundo habla, pero que nadie vio, entregado al grupo Santander por un simbólico euro, pero dejando en la ruina a más de tres centenares de miles de accionistas y bonistas cargados de un papel carente de valor alguno.
Ahora en 2018 parece que los juzgados españoles asumen competencias sobre las demandas promovidas por los accionistas del Popular motivadas por la perdida de su inversión, de modo que se avecinan las primeras vistas orales, en las cuales comparecerán los antiguos gestores, así como los nuevos de la entidad
De tal manera que el juzgado de Primera Instancia número 13 de Barcelona ha citado al presidente del Santander y actual mandatario del Popular Rodrigo Echenique. Además deberá testificar quien estuviese al frente del propio banco en el momento de la toma de la resolución final, Emilio Saracho.
Otro juzgado de la propia ciudad barcelonesa acordó que testifique también Saracho en la vista que se sigue contra su decisión fatal y que está prevista para el 22 de mayo, con motivo de una demanda civil tramitada por un inversor particular que perdió 28.000 euros, a consecuencia de esta caprichosa resolución. Los demandantes tienen previsto un proceso largo y no exento de responsabilidad tanto en España como en el resto de Europa, en cuyos tribunales se dirimirá esta delicada cuestión sobre el motivo por el que se adoptó y la forma tan contundente por la que la Junta Única de Resolución tomó esta delicada solución, que calificó como la menos perjudicial para los inversores. Como se puede valorar, si estos han perdido todo su patrimonio.