El presunto pederasta de Ciudad Lineal se niega a declarar en el juicio

El presunto pederasta de Ciudad Lineal, Antonio Ortiz, se acogió ayer a su derecho a no declarar ante los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, al igual que se negó a hablar sobre las agresiones sexuales durante toda la instrucción. “No voy a declarar, señoría”, dijo.
Al inicio de la vista, la presidenta de la Sala preguntó al acusado si conocía los hechos que se le imputan, a lo que éste manifestó que sí, que los conoce. Por ello, se decidió no dar lectura de los escritos de acusación.
Visiblemente moreno y con el pelo más corto que cuando fue detenido, Ortiz vestía sudadera gris, camiseta verde, pantalón beige y zapatillas. Luce barba de tres días, canosa y, en contra de lo que se pudiera pensar, sigue en forma, ya que presenta un aspecto corpulento. Entró cabizbajo a la sala y trató de taparse el rostro al ser fotografiado. Se mantuvo serio, impasible ante lo que sucedía en la sala en la fase de cuestiones previas.

sin nuevas pruebas
El abogado de Ortiz, Cristóbal López Sitjar, se opuso a que hubiese nuevas pruebas, dado que no es el momento procesal para ello. También expresó su negativa a ser fotografiado, ya que este extremo le trae problemas.
En los pasillos, su defensa manifestó que su cliente está “muy cabreado”, ya que considera que está ya juzgado. Su defensa pide su libre absolución.
La fiscal planteó en la fase de cuestiones previas que se incorporen unos planos detallados de los lugares donde cometió presuntamente las fechorías, ya que los del sumario son de Google.
También pidió que se incorpore el testimonio de la psicóloga que atendió a la menor de origen chica agredida por el acusado supuestamente, solicitud a la que se ha accedido. Además, se solicitó que se vean al mismo tiempo las ruedas de reconocimiento con las exploraciones a las víctimas, a lo que accedió la Sala.
Tras negarse a declarar, la Sala cortó la señal y se procedió a realizar el visionado de la exploración de las menores. Durante la instrucción, esta prueba se realizó para que en el juicio las niñas no tuvieran que declarar.
El acusado afronta penas de entre 26 y 126 años de cárcel. La Sección Séptima será la encargada de juzgar los hechos, con la presidenta María Luisa Aparicio al mando de las sesiones.
El Ministerio Público solicita una pena de 77 años y seis meses de prisión. Además, exige una indemnización de 75.000 euros para la testigo protegido 2 por los daños morales, a la testigo protegido 3, de 300 euros por los días que tardaron en curar sus lesiones y estuvo impedida para dedicarse a sus ocupaciones habituales y de 100.000 euros por daños morales.
En el caso de la testigo protegida 4, la Fiscalía solicita una indemnización de 900 euros por los días en que estuvo hospitalizada para curar sus heridas y de 150.000 euros por los daños morales. La testigo protegido 5 deberá ser indemnizada, en su caso, en la cantidad de 100 euros por cada día que tardó en curar sus lesiones y en 100.000 euros por los daños morales.