miércoles 21/10/20

Los cinco miembros de La Manada acuden a firmar a los juzgados por primera vez tras su puesta en libertad

Los cinco miembros de La Manada comparecieron ayer en el Juzgado de guardia de Sevilla, entre una gran expectación mediática, para cumplir con lo ordenado por la Audiencia Provincial de Navarra .

El miembro de La Manada José Ángel Prenda, llegando ayer al juzgado de guardia de Sevilla | Pepo Herrera (efe)
El miembro de La Manada José Ángel Prenda, llegando ayer al juzgado de guardia de Sevilla | Pepo Herrera (efe)

Los cinco miembros de La Manada comparecieron ayer en el Juzgado de guardia de Sevilla, entre una gran expectación mediática, para cumplir con lo ordenado por la Audiencia Provincial de Navarra tras decretar el pasado viernes su libertad provisional.
Numerosos medios de comunicación se agolpaban a las puertas del Juzgado de guardia para ver la llegada y la salida de José Ángel Prenda, Alfonso J. Cabezuelo, Jesús Escudero, Ángel Boza y Antonio Guerrero, condenados a nueve años de cárcel por abusar sexualmente de una joven de 18 años en Pamplona durante los Sanfermines de 2016.
Por separado y entre las 9.00 y las 13.00 horas, los condenados llegaron en motocicleta a los Juzgados sevillanos, excepto el guardia civil Antonio Guerrero, que se trasladó en un coche blanco. Todos entraron a los Juzgados en silencio y con rostro serio y solo Ángel Prenda realizó gestos cuando la prensa le preguntó cómo se encontraba. El primero en acudir, a las 9.00 horas, fue el militar Alfonso Cabezuelo, quien a la salida del Juzgado fue increpado por varias personas antes de que su padre lo recogiera en una motocicleta. Preguntado si mantenía su inocencia fue claro: “Por supuesto. Mantengo mi inocencia”.
Una hora después, apareció José Ángel Prenda, vestido con pantalones cortos y un polo de rayas, que permaneció apenas diez minutos en el Juzgado. A la salida se negó a responder a los medios y se limitó a realizar gestos despectivos hacia la prensa antes de marcharse en una motocicleta que le esperaba. Pasadas las 11.30 horas llegó Ángel Boza con actitud tranquila y gesto serio. Diez minutos después salió del Juzgado y expresó su deseo de no hacer declaraciones.
El siguiente fue el guardia civil Antonio Guerrero, que llegó a los Juzgados en coche a diferencia de sus otros compañeros, y apenas diez minutos más tarde llegó Jesús Escudero, que tampoco hizo declaraciones. Varias personas permanecieron en las puertas del edificio judicial para insultarles y mostrar su rechazo ante la libertad provisional que decretó la Audiencia Provincial de Navarra bajo fianza de 6.000 euros cada uno de ellos.
Los cinco deberán presentarse en el juzgado de guardia de Sevilla, mientras estén en libertad provisional, los lunes, miércoles y viernes de cada semana. Pese a la expectación mediática y social, los condenados eludieron en todo momento a los periodistas, quienes a su vez están siendo ya objeto de debate.
Asociaciones periodísticas y profesionales de la información mostraron su firme rechazo a que los miembros de La Manada puedan aparecer en televisión y aseguran que sería una “inmoralidad” y una “insensatez” porque “los medios no pueden ser altavoces de los agresores” y han de “evitar a toda costa una segunda victimización” de la afectada. Desde movimientos feministas se pidió que, de darse esa aparición televisiva, se haga un boicot a las marcas que se publiciten en los programas que den voz a los condenados. Fuentes de Mediaset y Atresmedia aseguran que no participarán en sus programas.
En el ámbito judicial, la Fiscalía General del Estado recordó al Gobierno que la defensa y la tutela de las víctimas “está garantizada por la intervención del Ministerio Fiscal” en todos los procedimientos en los que hay denuncia y “por mandato constitucional.”
La Fiscalía responde así a través de un comunicado a las declaraciones de la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, quien señaló, tras el Consejo de Ministros del pasado viernes, que el Gobierno está estudiando “cómo hacer” que los servicios jurídicos del Estado se personen como parte en defensa de las víctimas de delitos sexuales. l

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