9º-15º
miércoles | 24 abril | 2024
El exalcalde de Sada Benito Portela salió ayer al paso de las declaraciones formuladas por la familia Fariña Otero, el pasado viernes, día 16, con el propósito de defender su actuación con respecto a la polémica surgida entorno al edificio de la Terraza.
“El Ayuntamiento de Sada, en la etapa presidida por Portela, hizo lo que debería hacer, la defensa del interés público general y la aplicación de la normativa legal. El escrito presentado por el Ayuntamiento en abril de 2018 alegó la imposibilidad de prórroga al haberse excedido el plazo máximo legal de los 75 años que establece la legislación básica estatal”, indica el exregidor a través de un comunicado de la agrupación Sadamaioría.
Cabe recordar que los portavoces de la familia Fariña Otero responsabilizaron al anterior Ejecutivo local de que presentase un recurso a la concesión de una prórroga por treinta años “a pesar de que los informes de Xunta, Demarcación de Costas y Abogacía del Estado eran todos favorables”.
Derechos legítimos
Portela considera que los actuales gestores de la Terraza están legitimados para expresar lo que consideren oportuno para defender sus intereses, así como para ejercitar las acciones que consideren oportunas, tanto por vías judiciales como administrativas.
“Pero lo que no deberían es trasladar a la ciudadanía de Sada cuestiones y conclusiones que ni se ajusta a la realidad de los hechos ni mucho menos a los efectos legales derivados de la aplicación de la normativa vigente”, añade el exalcalde.
Respecto a la intención de la familia Fariña Otero de trasladar el inmueble a otro municipio si no se alcanza un acuerdo para que la Terraza continúe en su actual emplazamiento, Sadamaioría asegura que el emblemático edificio “ni puede ser demolido ni tampoco trasladada del lugar que ocupa”.
“En el caso de la Terraza, la propia resolución denegatoria de la prórroga de la concesión determinó la permanencia y no retirada, dada su condición de BIC”, insiste la formación independiente, al tiempo que asegura que el inmueble revertirá al Estado de forma gratuita y libre de cargas.
No obstante, el anterior mandatario local se muestra de acuerdo con los actuales gestores del edificio en que es necesario y beneficioso para todas las partes que se alcance un acuerdo al margen de los tribunales.
“Con independencia de la necesidad de precisar y desmentir determinadas afirmaciones para Sadamaioría lo prioritario y urgente es establecer un acuerdo conveniado entre Ayuntamiento, Estado y Xunta para poner remedio, cuanto antes, a la lamentable situación del inmueble, fijando un plan de intervención y financiación”, concluye.
