El Estado, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, ha fijado para el día 17 de enero de 2023, a las 12.00 horas, el acto de reversión de “los terrenos en dominio público marítimo-terrestre con destino a quiosco (...) denominado La Terraza”.

El jefe de Servicio de Gestión del Dominio Público Marítimo Terrestre, Ignacio Pardo de Vera Moreno, que firma la notificación estatal indica que la concesión se otorgó en el año 1922, sin plazo limitado, por lo que el plazo concesional finalizó el 29 de julio de 2018 y se encuentra extinguido por vencimiento del plazo de otorgamiento.

Esta citación, con fecha del 9 de noviembre pasado, a la familia Fariña Otero, que gestiona en la actualidad el inmueble que la Xunta declaró, en su momento, Bien de Interés Cultural (BIC), supone la confirmación del auto de la Audiencia Nacional que rechazó suspender el proceso de reversión de los terrenos.

Recogida de firmas 
Sin embargo, ante la sentencia del alto tribunal y de la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica los Fariña Otero han decidido solicitar el apoyo de los vecinos de Sada a través de una campaña de recogida de firmas. 

Los propietarios del inmueble afirman que están dispuestos a trasladarlo a otro municipio de la comunidad autónoma si el Ayuntamiento sadense, Demarcación de Costas, los tribunales de justicia y la familia no alcanzan un acuerdo aceptable para todas las partes afectadas.

Precisamente al Ejecutivo local es a la administración pública que más responsabiliza de la situación en la que se encuentra.
Uno de los portavoces, que compareció ayer para ofrecer su versión sobre la cuestión, acusa al Ayuntamiento de alegar contra la prórroga de la concesión para la ocupación de los terrenos actuales; de no desviar el tráfico de vehículos de la zona, a pesar de las peticiones formuladas por la Xunta, y de no desarrollar un plan especial para proteger el edificio y el entorno.

Recordó que fue en el año 2017, año en el que se inició un proceso para gestionar una prórroga de la concesión por otros treinta años, cuando al Gobierno local de ese momento se le ocurrió recurrirlo, a pesar de que los informes de Xunta, Demarcación de Costas y Abogacía del Estado eran todos favorables.

Lo que sí aseguró este portavoz es que la familia no está dispuesta a ser indemnizada económicamente si es obligada a dejar el inmueble porque considera que el valor material de la Terraza es invalorable.