“Tomé las medidas que había que tomar para evitar que alguien muriera”, sostuvo Ángel García Seoane al inicio de su comparecencia en la Audiencia de A Coruña por el derribo de la Casa Carnicero.  El  ministerio fiscal pide para él y para el arquitecto técnico José Luis Jares un año y tres meses de prisión, con inhabilitación especial para el cargo por doce años y una multa de 27.000 euros, por un supuesto delito contra el patrimonio histórico por la demolición del inmueble el 31 de diciembre de 2020. 

El regidor insistió en que desde el incendio registrado en julio del mismo año, la situación de la vivienda era de “alto riesgo” por lo que se declaró la “ruina técnica y económica” del inmueble y se dieron todos los pasos necesarios “para salvaguardar la seguridad de los viandantes”, e incluso de los conductores porque la casa se emplaza a “solo ochenta centímetros de la N-VI”.

El arquitecto técnico, como responsable del departamento de Obras Públicas del municipio, declaró que se actuó tras un decreto de la Alcaldía de Oleiros avalado “con informes” y aseguró que “el riesgo era real”, que entonces el inmueble era “un  ruina”, con “un estado de inseguridad manifiesto”, sostuvo José Luis Jares.
 

Soy alcalde del ayuntamiento que más patrimonio compró y rehabilitó en España

En su comparecencia, Seoane se reivindicó como “el alcalde del ayuntamiento que más patrimonio compró y rehabilitó en España”, con 27 inmuebles recuperados en todo el municipio, y reconoció que en este caso a esa actividad ‘rehabilitadora’ se unía un interés personal por recuperar Casa Carnicero. “El antiguo dueño era amigo de mi abuelo, compañero del colectivo republicano de Oleiros”, continuó el regidor antes de reiterar que en el invierno de 2020, en medio de una alerta meteorológica y una operación salida por las celebraciones navideñas, ya “no había edificio para rehabilitar” aunque su intención siempre había sido conservar la vivienda y para ello había iniciado conversaciones con sus herederos, con los que estaba en contacto para abordar esta cuestión desde 2019.

Sin embargo, el incendio de  2020 lo cambió todo pues “había un riesgo serio”, añadió Seoane. Desde ese momento, y dado que “no podemos entrar en una propiedad particular”, se requirió a los dueños, “en más de una ocasión" e incluso con “amenaza de sanciones”, que actuasen en el inmueble, pero no lo hicieron, y el día 28 de diciembre un vendaval tiró parte de la fachada sur de la Casa Carnicero. “Allí se caía todo y era mi responsabilidad como alcalde proteger al ciudadano, dado que habían caído cascotes sobre la Nacional VI”, así que el día 30 a las 14.40 se comunicó a la Xunta que en 24 horas se procedería al derribo del inmueble, construido entre 1913 y 1916. 

Para que no pase lo de la DANA, cuando un alcalde ve un peligro inminente para los ciudadanos puede tomar medidas y es lo que yo hice, con una ruina, no con una casa

El alcalde insistió en que actuó así “para que no pase lo de la DANA, cuando un alcalde ve un peligro inminente para los ciudadanos puede tomar medidas y es lo que yo hice, con una ruina, no con una casa”, apostilló Seoane.

En respuesta a las consideraciones de la fiscal, que cuestionó que no se solicitase autorización a la Xunta, señaló que “un patrimonio Bien de Interés Cultural (BIC) tiene que tenerlo, pero en este no hace falta autorización, sino una comunicación porque está catalogado pero no es BIC”. En este sentido, los testigos afirmaron que, después del incendio, habían desaparecido los elementos arquitectónicos que justificaban la catalogación del edificio, que no tenía protección integral.

 

Es un bien catalogado, pero no un BIC, y no se exige autorización autonómica

El arquitecto técnico declaró que vio “que había un riesgo real” y una “altísima inestabilidad” por lo que se intervino “de la manera más sensible y más precisa para no causar graves daños y garantizando la seguridad de los trabajadores”, así que se hizo “poco a poco, desde arriba, constatando que había que seguir porque había riesgo de caída” y porque “los muros había que desmontarlos”, expuso José Luis Jares que, cuestionado sobre el expediente, defendió “el trabajo impecable de todos los compañeros en el Ayuntamiento de Oleiros”

“Los muros –añadió– se dejaron a una altura de 1,80 metros, cuando no suponían ningún riesgo para los viandantes”, explicó el especialista, que confirmó que dos agentes de la Policía Autonómica se desplazaron hasta Perillo el día 31 de diciembre para indicarles que era una actuación ilegal, pero “les solicité una orden de paralización de los trabajos” que nunca le entregaron, por lo que se continuó, con la colaboración de la Demarcación de Carreteras, que como medida de seguridad cortó un carril para poder intervenir con “una grúa con cuchara bivalva”.

En la primera sesión del juicio también declararon uno de los arquitectos municipales, Alejandro Montero, que señaló que "“Para mí la casa no era recuperable, se destruyó en el incendio”; la edil María José Varela; un representante de la empresa López Cao, que se encargó de las actuaciones, y dos peritos, uno de los cuales incidió en que  “el riesgo de caída era evidente” y “no era posible rehabilitar”, en tanto se apreciaban “grietas en los muros” y “los hastiales hasta daban un poco de miedo”, sostuvo José Manuel López.