viernes 15/1/21

Sito Miñanco y su entorno, condenados a cuatro años de prisión por blanqueo

La Audiencia ordena clausurar San Saturnino al estimar probado que la usaron para lavar dinero de la droga

El cambadés Sito Miñanco a finales de 2018 a su llegada a la Audiencia para el juicio por blanqueo | gonzalo salgado
El cambadés Sito Miñanco a finales de 2018 a su llegada a la Audiencia para el juicio por blanqueo | gonzalo salgado

Ni un premio de Lotería, ni una indemnización por accidente de tráfico, ni los beneficios de una batea. La Audiencia de Pontevedra ha sentenciado que José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, su exmujer, su excuñada, su hija mayor y un “viejo” amigo empresario no han acreditado el origen legal del dinero utilizado para comprar medio centenar de bienes a través de la Inmobiliaria San Saturnino, ubicada en Cambados, y que eran conocedores de su procedencia, el tráfico de drogas. Así, impone cuatro años de prisión y seis millones de euros de multa para cada uno y también ordena clausurar la empresa y decomisar todo el patrimonio de la misma.

Los magistrados sentencian que los cinco utilizaron un entramado de empresas instrumentales vinculadas, de uno u otro modo, a la inmobiliaria creada en 1985 por Sito Miñanco y el empresario José Alberto Aguín, alias “o rubio de Aios”, condenado por un delito de receptación en tráfico de drogas en 1993. Es más, “coñecían perfectamente” el origen de los fondos y “eles mesmos os obtiveron”, añaden.

Patrimonio de las mujeres
En cuanto a Rosa María Pouso Navazas, María Rosa Prado Pouso y Josefa Pouso Navazas, exmujer, hija mayor y excuñada de Prado Bugallo, indican que “non podían ignorar e mesmo sabían de sobra que os cartos que se empregaron para as operacións”, mediante los cuales se compraron pisos, garajes y otros bienes en Pontevedra, Sanxenxo o Cambados, “tiñan a súa orixe nas actividades delituosas” del cambadés. Conclusión que alcanza ante el “notorio e desproporcionado incremento patrimonial” de las tres mujeres que “non puideron xustificar” con sus “demostrados ingresos legais e ordinarios”. Con lo cual, añaden, su procedencia “só se explica pola relación de todos eles cosas actividades delituosas”.

Lotería
La Audiencia toma en consideración las pruebas periciales y documentales presentadas por el Ministerio Público –que pedía seis años de cárcel para cada uno– como las de funcionarios de la Agencia Tributaria y que las defensas rebatieron. Refirieron cuestiones como que no se valoró el interior de los inmuebles y, por tanto, su valor era menor del imputado; no tener en cuenta que a Rosa María Pouso y a sus hijas les tocó una lotería o que la mayor, Rosa María, tenía un trabajo remunerado en Astilleros O Facho, conocida empresa de Sito Miñanco, así como rendimientos por la explotación de una batea.


En el caso de la excuñada, también se alegó el cobro de alquileres, un parque de cultivo o entregas de dinero que le hacía su hermana, así como una indemnización por un accidente, pero los magistrados insisten en que todos los ingresos “de ningunha maneira xustificarían” el “manexo de inxentes cantidades de cartos”, pagos “en efectivo” y “préstamos e hipotecas”, a pesar de que los acusados se atribuyeron “unha vida laboral esforzada e exemplar”.

Tampoco ven acreditada la posibilidad de comprar inmuebles a través de San Saturnino en el caso de las hermanas, que ocuparon diferentes cargos en la misma. Es más, les parece “rechamante” la diferencia “abismal” entre el precio de compra y la valoración de algunos de los bienes comprados, con lo cual “á forza se lavaron cartos da diferenza”. Es más, la sentencia añade que “hai moreas de actos” delictivos iniciados entre 1988 y “cando menos” hasta la segunda mitad de 2008 y los consideran incongruentes con respecto a que los ingresos de San Saturnino procedían únicamente de la gestión inmobiliaria.

Relación con su exesposa
El abogado de Sito Miñanco intentó desligar a su cliente de esta sociedad porque, si bien fue un fundador en 1985, su exesposa quedó como administradora única dos años después y su matrimonio estaba roto. Sin embargo, a la Audiencia le parece “incomprensible e nada crible” que, para empezar, fuera gerente por “expreso deseo” de su cuñada y se pregunta porqué tardó tanto en dejar de ser su gerente “si dende 1982 non había relación” con Rosa María. Asimismo descarta el argumento de que residía fuera de España y era difícil localizarlo porque “si o atopaba para firmar actas notariais”. Pero, sobre todo, subraya que en los permisos que el narcotraficante tuvo de 2011 a 2015, su exmujer “era a persoa designada para acompañalo e responder por el” y como su domicilio figuraba una vivienda en Sanxenxo, usada como casa familiar.

Hace casi un año
Hace casi un año que tuvo lugar la primera parte de este juicio por blanqueo. Prado Bugallo ingresó en la prisión de A Lama porque unas semanas antes había sido arrestado nuevamente por narcotráfico, cuando estaba disfrutando del tercer grado (esta causa sigue en instrucción).

La vista se suspendió por la interposición de recursos de reprobación contra dos magistrados porque deliberaron sobre una cuestión de competencias judicial en unas diligencias previas a esta causa. Sin embargo, fueron desestimados y la vista se retomó en octubre con la petición de la libre absolución de los cinco.

Dilaciones indebidas
Sus defensas también alegaron dilaciones indebidas porque entre los hechos y el juicio pasaron nueve años, pero la Audiencia indica que se trata de una causa “complexa”. También rechazó la prescripción de los hechos porque “entre os actos investigados non pasou prazo suficiente” para considerarlo como tal. Asimismo descarta el argumento, defendido sobre todo por el abogado del cambadés, de que se trata de una investigación “prospectiva”, es decir, nacida con el único afán de bucear hasta encontrar un delito. Y es que las primeras investigaciones fueron objeto de archivos judiciales, incluido el de un juez de Cambados que las sobreseyó porque “poderíase tratar” de una causa prospectiva. Sin embargo, por aquel entonces, la Audiencia Provincial de Pontevedra ordenó continuar con las pesquisas y con la sentencia hecha pública ayer, resuelve que “indudablemente” los cinco condenados conocían el origen ilícito del dinero empleado.

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