La defensa alemana del expresidente autonómico catalán Carles Puigdemont pretende que se revoque la orden de detención contra su defendido, apoyada en la decisión de la Justicia belga que rechazó la extradición de los tres exconsejeros del anterior Gobierno de la Generalitat.
La defensa de Puigdemont orientó su nueva estrategia hacia la búsqueda de un paralelismo con el caso de Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, en Bruselas, y cuya solicitud de entrega a España fue denegada el miércoles por “defectos de forma”.
El letrado Wolfgang Schomburg, defensor en Alemania de Puigdemont, ha presentado un recurso ante la Audiencia Territorial de Schleswig Holstein para que se revoque la orden de detención contra su defendido, explicó una portavoz de ese tribunal.
El abogado adjuntó a su escrito una copia de la decisión de la justicia belga sobre esos tres implicados, dijo esa fuente, preguntada sobre si el rechazo belga a extraditar a otros acusados del independentismo catalán podía tener impacto en Alemania.
A la Audiencia de Schleswig Holstein –el land alemán donde fue detenido Puigdemont el pasado 25 de marzo– le corresponde decidir sobre la petición de extradición a España del líder independentista. Para ocuparse del recurso de Schomburg, tendrá que traducirse primero del flamenco al alemán la decisión de la justicia belga, tras lo que la Fiscalía del land deberá pronunciarse al respecto.

Condiciones formales
Ese departamento fiscal declinó comentar la decisión de la Justicia belga, aunque recordó que también Alemania analiza si se dan las “condiciones formales” para una extradición de Puigdemont.
“No comento las decisiones desde Bruselas. Naturalmente las conocemos, pero no las comento. Nuestro análisis del caso incluye naturalmente clarificar si se dan las condiciones formales para la admisibilidad de la extradición”, indicó a Efe la portavoz de la Fiscalía de Schleswig-Holstein, Wiebke Hoffelner.
Pocos días después de la detención de Puigdemont, la Fiscalía presentó una primera solicitud a la Audiencia, en que respaldaba la petición del Tribunal Supremo.
La Audiencia del land desestimó el 5 de abril pasado el cargo de rebelión y pidió datos adicionales sobre el de malversación de fondos públicos, al tiempo que dejó a Puigdemont en libertad bajo fianza de 75.000 euros.
Se estima que la próxima semana la Fiscalía del land presentará un nuevo escrito a la Audiencia, basado en los nuevos datos recabados de los homólogos españoles y a punto de cumplirse 60 días de la detención.
Desde España, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, aseguró por carta a ese tribunal alemán de que la euroorden de detención cursada contra él reúne todos los requisitos formales y le advirtió de que no deben caer en el mismo error en que cayó la justicia Bélga.
El magistrado español actuó así para evitar el error de interpretación que, a su juicio, cometieron las autoridades belgas al señalar defectos de forma en la euroorden contra los tres exconsejeros.

Eurodiputados
Mientras, en Berlín, Puigdemont recibió, coincidiendo con la toma de posesión de su sucesor, Quim Torra, a seis eurodiputados de la plataforma Diálogo con Cataluña, quienes ratificaron su compromiso con una “solución política” y con la Unión Europea (UE) como “facilitador”, en palabras de Jordi Solé, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
En una breve comparecencia junto a los diputados de la Eurocámara, Puigdemont agradeció su compromiso con los “derechos fundamentales democráticos” que, dijo, “están siendo violados”, sin aludir a la toma de posesión de Torra que 
había tenido lugar poco antes en Barcelona.

Votar en democracia
“Las cosas cambiaron desde ayer”, explicó a continuación Solé ante los medios, ya sin la presencia del expresidente, en alusión a la euroorden contra los exconsejeros catalanes 
que fue rechazada por la 
Justicia belga.
En opinión del eurodiputado, tras la decisión en Bélgica está el hecho de que “votar, en democracia, no puede ser tratado como un acto criminal”, en referencia al referéndum ilegal del 21 de octubre en Cataluña.
“Los conflictos no pueden resolverse a golpe judicial”, sino que deben buscarse “soluciones políticas”, apuntó el eurodiputado Solé, cuya Plataforma la integran 43 diputados de diversos grupos de la Eurocámara, con 750 escaños. l