El PP da luz verde a la “ley mordaza” con el rechazo de toda la oposición

El proyecto de ley de Seguridad Ciudadana pasó ayer su trámite en el Congreso con el único apoyo del PP y el rechazo en bloque de la oposición, al que se han sumado protestas para escenificar que se trata de una norma “mordaza” que pretende “acallar” la protesta ciudadana.
Ante la presencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, todos los grupos parlamentarios salvo el PP votaron en contra del proyecto, que ahora tendrá que superar el trámite parlamentario del Senado antes de su aprobación definitiva.
No faltaron los incidentes. El presidente de la Cámara baja, Jesús Posada, pidió dos veces a siete diputados de la Izquierda Plural que se despojaran de las mordazas blancas con las que se habían tapado sus bocas para expresar gráficamente su rechazo al texto, aprobado por 181 votos a favor y 141 en contra.
“La calle no es suya. Ya sé que lo aprendió en otra época, pero es una desmesura”, afirmó el portavoz del PSOE, Antonio Trevín, para quien la ley es una “vuelta al estado policial”. Trevín reprochó al PP que pretenda utilizar a los policías y guardias civiles en el control de la población, con “la ingrata obligación de ser la mordaza”. “No les devuelvan a un pasado que han superado con brillantez innegable”.
Feliu-Joan Guillaumes (CiU) expresó su rechazo a lo “más escandaloso” de esta ley: la enmienda introducida por el PP para legalizar las devoluciones en caliente. “Cuando alguien pone un pie en territorio soberano de un país que se proclama democrático, es ya una persona sujeta a derechos”.
Ricardo Sixto, diputado de la Izquierda Plural, fue tajante al afirmar que el Gobierno central  resucita con este proyecto de ley “el viejo tribunal de orden público” e instaura una nueva jurisdicción administrativo-penal con el ministro del Interior de “magistrado”.
Hicieron un llamamiento a los agentes: “si tienen que desobedecer órdenes” por razones humanitarias en las fronteras de Ceuta y Melilla, lo hagan.
Igualmente, Toni Cantó, de UPyD, censuró al PP por haber “errado una vez más el tiro” y poner “bajo sospecha” a los ciudadanos cuando son los gobernantes los que lo están.
Mientras, Emilio Olabarria, del PNV, consideró que el texto es “difícil de defender” y acusó al ministro de practicar una “resistencia numantina” con la legalización de las devoluciones en caliente, rechazadas por organismos internacionales y los convenios de derechos humanos.
Xabier Mikel Errekondo, de Amaiur, criticó el “estado de excepción encubierto” y Joan Tardà, de ERC, calificó el texto de una “escapada hacia la locura política y al estado autoritario que no tiene freno” dando “barra libre” a la Policía. Una “auténtica espiral de restricciones de las libertades fundamentales” es para Rosana Pérez, del BNG.
Solo el PP, por boca de Conrado Escobar, defendió un texto “vanguardista” en la protección de derechos y libertades en el que se ha antepuesto “la responsabilidad a la comodidad, el interés general al desgaste y la obligación a la pasividad”.
“Todos contra el PP. No nos importa, porque nos asiste la razón”, concluyó.