11º-18º
martes | 7 mayo | 2024
La Audiencia Nacional acordó limitar el peritaje de los expertos del Banco de España cedidos a la causa que investiga la caída del Popular al periodo comprendido entre 2015 y 2017, al considerar “inútil” un análisis exhaustivo de los años anteriores dada la “ausencia de motivos relevantes”.
En un auto, la sección cuarta de la sala de lo Penal desestima el recurso interpuesto por varias acusaciones particulares, que defendían la pertinencia de ampliar el horizonte temporal de la prueba a fin de “arrojar luz sobre la situación del banco desde 2012 –justo antes de la primera ampliación de capital– hasta que se vendió al Santander” el 7 de junio de 2017.
Indicios de irregularidades
Para ellas, existen indicios de que las presuntas irregularidades que atribuyen a los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración y la firma auditora PwC, “se remontan a dicha fecha”.
En los recursos, las acusaciones, que instaban al juez Fernando Andreu a extender este peritaje pues “no añadiría una excesiva complejidad”, veían “impensable que se analicen únicamente las cuentas anuales de 2015 y 2017, dejando orilladas las de los años anteriores, cuando son indefectiblemente el origen”
de las pérdidas registradas en 2016 por la entidad.
Argumentaban la utilidad de la prueba en que muchos de los accionistas y tenedores de deuda del Popular afectados por la amortización y personados en la vía penal no sólo adquirieron títulos en la última ampliación –objeto de una de las piezas separadas– sino que habían acudido antes a la de 2012.
Inutilidad y reiteración
Sin embargo, la sala que preside la juez Ángela Murillo sostiene la “falta de necesidad, inutilidad y reiteración” de la propuesta ya que el informe acordado por el instructor tiene unos márgenes tan amplios como para “conceder a los inspectores del Banco de España libertad de criterio”.
Al respecto, aunque reconoce que conforme avance el proceso pueden ampliarse los hechos inicialmente investigados, de momento no puede iniciarse una “causa general” contra los querellados, que permanecen a la espera de esta primera pericial antes de ser citados a declarar. l
